La moción de los diputados Andrade, Arriagada, Barros, Farías, Fernández, Jiménez, Monckeberg, Pascal, Rubilar, Torres, expone que el derecho del trabajo es un derecho parcial, que se justifica y funda, en la desigualdad de las partes, y es por esto que se considera un derecho proteccionista o tutelar.
Observa luego que una de las formas más viables para resguardar los intereses o derechos de las partes, es a través de la justicia, mediante la cual se intentará hacer valer el imperio del derecho, y restaurar el orden legal de las cosas.
Al efecto, los autores de la iniciativa hacen presente que un trabajador que recurre a los tribunales debe contar con pruebas que acrediten o sustenten su pretensión. Así, indican que uno de los medios de prueba con que éste cuenta, es la declaración de testigos, los que generalmente serán compañeros de trabajo.
Sin embargo, el proyecto cuestiona el cómo un trabajador podría declarar en contra su empleador, sin tener la suficiente estabilidad o protección de no afectar su relación laboral. Añade que, si bien es cierto, el Código del Trabajo consagra normas destinadas a proteger a los trabajadores en el ejercicio, en particular, de sus derechos fundamentales, el mismo se ve seriamente cercenado por las limitaciones de elementos de prueba que efectivamente permitan acreditar sus respectivas acciones.
Por lo antes expuesto y con el propósito de establecer un margen de protección mínimo a quienes prestan declaración en juicio o en gestiones administrativas, el proyecto de ley propone modificar el artículo 485 del citado cuerpo legal, a efecto de que los trabajadores no se vean expuestos a represalias ni a acciones discriminatorias en razón de prestar declaración ante un ente administrativo o ante un Juez.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.
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