Igualdad ante la ley y debido proceso.
Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna norma de la Ley del Tránsito que restringiría derecho de la víctima a ser parte en proceso penal.
La gestión pendiente invocada recae en recurso de apelación de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso tercero del artículo 196 de la Ley N°18.290 de Tránsito. Precepto, incorporado por la Ley N° 20.770 que modifica la ley del tránsito, en lo que se refiere al delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones graves, gravísimas o, con resultado de muerte, más conocida como "Ley Emilia", que dispone mayores penas para aquellos que manejen en estado de ebriedad.
La disposición impugnada, en su inciso tercero, señala: “Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el número 1º del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo, en el primer caso, y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en el segundo. En ambos casos, se aplicarán también las penas de multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá hacer valer conforme a las reglas generales del Código Procesal Penal”.
La gestión pendiente invocada recae en recurso de apelación de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso, respecto de una sentencia emanada del Juzgado de Garantía de Los Andes.
Te puede interesar

Segunda sala.
Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna norma sobre emisiones radiales que afectaría libertad de informar e igualdad ante la ley.

Segunda sala.
TC deberá resolver si admite a trámite inaplicabilidad contra norma que impide aplicar pena sustitutiva vulnerando igualdad ante la ley.

Primera sala.
Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna norma de juicio monitorio laboral que vulneraría derecho a defensa por invertir carga probatoria.

