El Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) publicó el trabajo “Regulación de plataformas tecnológicas para el transporte privado”.
El texto indica que en varias ciudades congestionadas del mundo, el mercado tradicional de transporte privado se encuentra regulado y la entrada a nuevos oferentes suele estar restringida. Esto debido, entre otras cosas, a las externalidades y a las asimetrías de información. A su vez, una vez limitada la entrada a nuevos actores, la reducida competencia justifica que las autoridades también se preocupen por regular estándares de servicio y precios del cartel formado por la propia regulación.
Enseguida, se agrega que con las nuevas plataformas ya no es necesario ni conveniente, que los vehículos circulen por vías congestionadas en la búsqueda de pasajeros. Éstos atienden a llamados georreferenciados cercanos, pudiendo esperar estacionados en calles secundarias no congestionadas mientras no se solicite el servicio. De esta forma, la mayor parte del tiempo circulan con pasajeros, como documentan Cramer y Krueger (2015) en el caso norteamericano.
Respecto del reciente proyecto de ley, LyD expresa que uno de los mayores contrasentidos de este proyecto de ley es la introducción del cobro de un impuesto especial por kilómetro recorrido por parte de los conductores que ofrezcan sus servicios a través de plataformas tecnológicas. La recaudación de este impuesto iría a un fondo que, curiosamente, el Ejecutivo llama “Fondo para la innovación del transporte privado de pasajeros”, pero que en realidad hace justo lo contrario: desincentiva el uso de una de las mayores innovaciones en el trasporte privado de pasajeros, para beneficiar, principalmente, al tradicional cartel de taxistas, que son quienes mayores externalidades generan, incluido el uso de las vías para buses, que no podrían usar los socios conductores de plataformas tecnológicas.
Y es que una de las posibilidades que abre la innovación tecnológica es hacer obsoleto el costoso concepto de buses circulando con frecuencias y recorridos fijos, independientes de la demanda. El sistema de buses de Transantiago tiene durante las horas valle vehículos en movimiento con mucha capacidad ociosa, que son costosos de desplazar. Este costo es necesario para poder mantener la regularidad del servicio. La posibilidad de compartir viajes, en autos colectivos, de mejor estándar, con recorridos diseñados en tiempo real, tiene el potencial de ahorrarse ese costo. El avance tecnológico podría mejorar la calidad del servicio y tener menores costos que los sistemas tradicionales de buses. Sin embargo, la iniciativa legal le pone trabas injustificadas a la posibilidad de compartir recorridos.
Por último, concluye LyD manifestando que el proyecto también introduce la obligación a las plataformas tecnológicas para el transporte privado de entregar toda su información a las autoridades, incluida aquella sensible para los usuarios de la plataforma, como origen y destino, así como cuánto pagaron o las rutas que hicieron. Esta disposición, así como el fondo de innovación que se financia con el impuesto por kilómetros, tendrían vicios de inconstitucionalidad. Esto, debido al principio de no afectación de los tributos consagrado en nuestra Constitución
Vea texto íntegro de la publicación.
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