La Asociación Gremial de Taxis Ejecutivos de Chile se opone al proyecto de ley que regula las plataformas tecnológicas como Uber y Cabify, ya que consideran que las exigencias establecidas en la iniciativa por el ejecutivo no son similares a las de los otros actores del transporte.
Por lo tanto, desean presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este se pronuncie sobre la legalidad de esta iniciativa.
Víctor Mella, presidente de  la Asociación Gremial de Transporte de Taxis Ejecutivos de Chile (Agettech), entidad que agrupa a radiotaxis y automóviles que trabajan directamente con empresas, señaló recientemente a La Tercera que se vulneran derechos que consagra la Carta Fundamental ya que “no se respeta la igualdad de condiciones para todos los sectores y de propiedad”.
Cabe señalar que la entidad reúne 3.500 automóviles de pequeños y medianos empresarios.
El presidente de la Asociación explicó esta diferencia ya que “la actividad que realizamos los taxis está regulada a través del congelamiento de la flota, exigencias de seguros adicionales y una tarifa acordada con la autoridad. Funcionamos con un taxímetro, con tramos regulados y conocidos por los usuarios, en cambio vemos que empresas como Uber tienen  una tarifa “dinámica” arbitraria, que se puede aumentar hasta seis veces, fijada por ellos como privados”.
Agrega, que se vulneraría el derecho a la propiedad porque “en 2015 participamos en una licitación con las mismas condiciones para funcionar en la Región metropolitana en un perímetro de exclusión. Entonces somos concesionarios como taxistas y tenemos un derecho para trabajar en la capital. Pero estos automóviles ligados a las plataformas ni siquiera tienen la exigencia de postular, generando un daño patrimonial”.
Asimismo, indicó que el Gobierno no tiene información sobre cuántos son los automóviles y socios conductores que laboran en esta actividad, por lo que a juicio de Víctor Mella, estas empresas multinacionales presionan  a través del alto patrimonio que incide en estas decisiones.
Lo justo, continúa, es que estas empresas paguen tributos por este tipo de servicios, por lo cual pide que sean reparados económicamente por esto.
También, el presidente de la Asociación dijo que “no se puede comparar a una persona con licencia profesional con un conductor novato que trabaja en estas plataformas. En cuanto a los automóviles de alto estándar, no está claro de qué se trata, que año deberán tener o si tienen exigencias ambientales”.
Finalmente, manifestó que la autoridad no tiene la capacidad de fiscalizar la idea de pagar por kilómetro recorrido, porque son 200 inspectores para 50 mil vehículos, además de sumar vehículos a una ciudad congestionada y contaminada.

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