La Revista de Derecho Penal publicó el trabajo "La politización de la justicia en España y necesidad de un pacto de estado para su regeneración", cuyo autor es Alfonso Serrano Gómez.

El documento se centra en analizar la politización de la justicia en España en los últimos treinta años, que ha sido afectado por la corrupción y a la independencia judicial, señalando que a finales de 1975 se inicia un período de transición a la democracia, tras la desaparición del régimen franquista. En los primeros años se procuró la imparcialidad en la elección de los miembros del sistema judicial. Con la llegada al poder de los socialistas, en 1982, se inicia la politización del Consejo General del Poder judicial, permitiendo que el nombramiento de sus miembros se hiciera más por intereses políticos que por méritos profesionales, aunque a veces coincidiera que el elegido fuera una persona valiosa. Durante el período que han estado en el poder los populares se ha mantenido la indicada politización del Consejo General del Poder Judicial, a pesar de prometer que cambiarían el sistema de elección de sus miembros respetando lo establecido en la Constitución española de 1978. Es necesario tener presente que el Consejo es quien ha venido nombrando directamente, o participando, en el nombramiento de los altos cargos de la Administración de Justicia, no pocas veces obedientes a los dictados del poder.

Según el autor, de lo anterior radica la politización de la justicia con sus efectos nocivos. La situación de la Justicia y sus problemas no ha sido algo ajeno a quienes la han administrado, siendo muchos los que se han pronunciado sobre ello.

Sostiene que el funcionamiento de la justicia en España ha sido bastante aceptable, pues casi todos los jueces son independientes, no están politizados y procuran ser justos, aunque algunos se encuentran especialmente preocupados cuando les corresponde conocer de un asunto en el que pueden estar implicados políticos o personas influyentes, ya que temen ser presionados.

En contraposición, órganos superiores de la Administración de Justicia que no se han mantenido independientes y han cedido ante el Ejecutivo, por lo que hay razones para suprimirlos.

De esa forma, el autor concluye afirmando que se critica desde todos los sectores de la población española, incluidos los propios miembros del poder judicial, que la justicia está politizada y que políticos y otros poderosos suelen ser los más favorecidos. Es necesario que el nuevo Gobierno, que tendrá que ser en coalición, o con apoyos puntuales de otros partidos, intente abordar el problema, que se puede mejorar, pero no erradicar, pues el control de la justicia es algo muy tentador para quienes ostentan el poder, considera el autor.

Considera que, también la fiscalía necesita de una reorganización debiendo desaparecer su dependencia jerárquica. A juicio del autor, la politización de la justicia es una realidad en todos los países, en algunos de escasa trascendencia mientras que en otros resulta asfixiante.

Finalmente, se precisa en el documento que la situación sobre el conjunto del funcionamiento de la Administración de Justicia puede incluso empeorar por el escenario incierto de gobierno.

Vea el texto íntegro de la publicación.

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