Diario Constitucional

Consecuencia expansión garantista de derechos.

Publican: “La deseable judicialización de la política”.

"La judicialización es la consecuencia natural de la expansión garantista de los derechos. Es, por lo tanto, un efecto, incluso, deseable".

Por Redacción·28 de diciembre de 2016·3 min de lectura
Publican: “La deseable judicialización de la política”.
Referencial

En una reciente publicación denominada “La deseable judicialización de la política” el académico español Andrés Batancor trata sobre la presencia, cada vez más relevante, de los jueces en asuntos de mucha significación social.

Al efecto, expone el texto que cuando se habla de la judicialización de la política se mezclan, como digo, muchos temas y supuestos. Hay dos esenciales: las controversias jurídicas que tienen, también, repercusiones políticas. Y las controversias políticas que se pretende, tengan consecuencias jurídicas. Mientras que aquéllas se resuelven conforme a la Ley, éstas, como todas las políticas, conforme al de oportunidad. Es imposible. La oportunidad (política) no casa con la Ley. Uno de los elementos que más han contribuido a esta última aberración, es la posibilidad, que reconoce nuestras leyes, de que los partidos actúen como acusación popular; han utilizado el proceso judicial como un nuevo ámbito de su contienda política.

Enseguida, se agrega que también se considera que son un caso de judicialización las controversias que son jurídicas, pero con repercusiones políticas e, incluso, importantes. El país en el que más judicialización hay, sin duda, es Estados Unidos. Ya A. Tocqueville (1805-1859) advirtió que una de sus particularidades es la fuerte tendencia a convertir todas las cuestiones en jurídicas. El Tribunal Supremo de Estados Unidos es la máxima expresión. Aún recordamos la sentencia Bush v. Gore (2000). Grandes decisiones judiciales han tenido importantísimas consecuencias políticas: desde la segregación racial (Brown v. Board of Education, 1954) hasta, más recientemente, el matrimonio homosexual (Obergefell v. Hodges, 2015). Sin olvidar la prohibición de la secesión de cualquier Estado de la Unión (Texas v. White, 1869).

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