El sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), publicó en su sección Programa Asia Pacífico, el texto “Comisión Australiana de Libre Competencia protege a Pymes y ciudadanos de la colusión”.
Al respecto, el documento destaca que bajo el lema “Ser justos, ser competitivos”, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) es la institución pública que promueve el comercio justo y el libre comercio en los mercados. Orientado al beneficio de consumidores, negocios y la comunidad en general, este organismo observa el comportamiento económico de las empresas con el fin de asegurar el cumplimiento de la Ley de Libre Competencia y Consumo de 2010 que evita la formación de monopolios y carteles. Una revisión de este organismo, a continuación.
Se agrega enseguida que dicho organismo fue fundado en 1995 como resultado de la fusión de la Comisión de Prácticas Comerciales y la Autoridad de Monitoreo de Precios, es la autoridad más importante de Australia en cuanto a la protección de consumidores y al aseguramiento prácticas económicas sanas. Inspirados en favorecer la productividad, la innovación y la realización de tratos de buena fe, el ACCC cuenta con el respaldo de la Ley de Libre Competencia y Consumo, legislación que le permite realizar un doble propósito.
Así, por una parte garantiza las buenas prácticas de las empresas con los consumidores. Con esto, la ACCC asegura que cuando existan casos de abuso, negligencia o error por parte de las compañías en perjuicio de los consumidores, se vean en la obligación de reparar, reemplazar o compensar. Las sanciones no solamente son empleadas a los vendedores, sino que también se buscan las responsabilidades en los productores o importadores.
El segundo propósito de la ACCP es impedir las prácticas que limitan la competencia de los mercados, esto es, que tengan comportamientos anticompetitivos o de cartel. La fijación de precios, manipulación de ofertas, precios predatorios, imposición de precios mínimos a los minoristas, o cualquier otro uso indebido al poder de mercado que degenere en conductas anti competencia, son sancionados a través de tribunales civiles con penas de cárcel.
Pese a que los carteles son sancionados por el derecho civil, sus acciones en contra de empresas y personas particulares constituyen un delito penal. Según la Ley de Competencia y Consumo, estas prácticas no solo son ilegales e inmorales porque engañan a los consumidores y otras empresas, sino también restringen las posibilidades de un crecimiento económico saludable.
En este contexto, la BCN destaca que la ACCC tiene amplios poderes para investigar carteles y obligar a personas y empresas para que proporcionen información sobre las presuntas infracciones. Dentro de esta información se contemplan documentos e incluso la presentación de pruebas verbales. Asimismo, el organismo puede notificar a la Policía Federal Australiana que recolecte pruebas utilizando intervenciones telefónicas y otros dispositivos de vigilancia.
Conocida internacionalmente como delación compensada, en la experiencia australiana la ACCC antes de admitir la solicitud de inmunidad evalúa el caso. Si el solicitante reúne las condiciones para tener algún grado de inmunidad, se comienza la investigación donde el informante debe enumerar todas las entidades corporativas relacionadas, así como directores, funcionarios, entre otros datos necesarios para construir el caso.
Más adelante, la publicación expresa que si bien en nuestro país no existe una institución que concentre todas las atribuciones y competencias que tiene la Comisión Australiana de Libre Competencia y Consumidores, en agosto de 2016 se creó la Ley 20.945, que Perfecciona el Sistema de Defensa de la Libre Competencia. Pese a que no existe tiempo suficiente como para hacer una evaluación de su impacto, la diputada Maya Fernández -quien además es la presidenta de la Comisión de Economía- valoró el hecho de que se encuentre en funcionamiento, indicando además que, respecto al tratamiento que nuestra legislación otorga a aquellas personas que quieran denunciar los casos de colusión, la parlamentaria indicó que “la delación compensada de las empresas no los exime de no pagarle a los consumidores perjudicados, esa fue una de las indicaciones que presentamos. Por lo tanto, a todo evento las empresas tienen que responder a los consumidores que se vieron afectados”, concluye de esa forma el texto de la BCN.
Vea el texto íntegro de la publicación.
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