Acerca de la supremacía constitucional electoral y derecho electoral.

En una columna publicada recientemente, Aldo Álvarez, abogado y catedrático de El Salvador, cita a la escritora Bertha Leticia Rosette Solís: “ningún sistema jurídico, ni aún si pudiéramos construir uno perfecto, podrá propiciar y preservar la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas como prescribe la Constitución, si no hay hombres y mujeres que desde la magistratura preserven, defiendan y hagan cumplir los principios constitucionales por encima de cualesquiera intereses, incluso los partidarios”.

A continuación, el académico plantea que “debemos aceptar una realidad por largo tiempo postergada en nuestro ordenamiento jurídico y en la realidad política nacional: que el derecho electoral existe, que no es derecho administrativo ni penal, y que su naturaleza inherente es constitucional”.

De hecho, explica el profesional, “el derecho electoral es un aplicativo específico del derecho constitucional, llamado a tutelar –desde la teoría normativa- los derechos constitucionales subjetivos de los ciudadanos en el sentido de poder configurar mediante la elección, los poderes públicos y por tanto configurar el elemento subjetivo de determinación de la fuente de validez normativa formal que le sirve de fundamento tanto a los actos creadores de la legislación general y abstracta, así como a los actos de disposición facultativa que producirán efectos jurídicos a partir de la legitimidad en la toma de decisiones, para el caso en el ejercicio de la administración pública de Gobierno”.