A través seminarios, la Contraloría General de la República está  capacitando a funcionarios públicos en implementación de nueva declaración de intereses y patrimonio.  Esta nueva normativa obliga a más de 50.000 funcionarios a realizar su DIP.
La CGR señala que se tratan las principales disposiciones de la Ley 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, que entró en vigencia el 2 de septiembre de 2016 para los sujetos obligados que debe fiscalizar la Contraloría y el 2 de noviembre para aquellos funcionarios que son obligados y pertenecen a otros organismos.
Cabe señalar que esta normativa introduce importantes cambios en la anterior regulación, ampliando los sujetos obligados a declarar, el contenido de la declaración y la oportunidad en la que ésta debe presentarse.
Además, establece que la Contraloría General estará a cargo de fiscalizar la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades, funcionarios públicos y prestadores de servicios a honorarios de funcionarios de los órganos de la Administración del Estado que no sean autónomos.
Luis Lara, Jefe de la División de Tecnologías de la Información explicó que, de acuerdo a la nueva ley señalada, durante marzo se espera recibir, a través de www.declaracionjurada.cl, más de 50.000 declaraciones. “Para nosotros es un proceso importante, ya que es inédito para la institución y es por ello que como División estamos muy preparados”, dijo.
Por su parte, Sergio Jiménez, Jefe de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio de la Contraloría General, explicó que como es una ley nueva “existe poca jurisprudencia al respecto y hay áreas en las que se debe profundizar por medio de dictámenes. Junto con ello, a través de estos seminarios, estamos explicando lo que indica la ley y aclarando las dudas que ya se han presentado, y que se refieren, principalmente, a los roles del sistema y a los contenidos de la declaración”.
Asimismo, agregó “nos permite mostrar a la Contraloría no sólo como ente fiscalizador, sino también, como un organismo que instruye para que los sujetos obligados cumplan la ley, ya que algunos de los errores que cometen los funcionarios podrían ser más por desconocimiento que por intencionalidad”.
Durante este mes se continuará con la realización de estos seminarios, tanto en Santiago como en regiones.

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