La Contraloría General de la República declaró ilegales las grabaciones realizadas al interior de las cárceles para los programas “Alerta Máxima” de Chilevisión y “Nadie está libre” de Canal 13. Ello, luego de ser requerida por la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) y por dos particulares.
Los requirentes argumentaron que las grabaciones serían vulneratorias de la dignidad de los internos/as, que serían ilegales, que utilizarían recursos públicos y que transgredirían la normativa interna de Gendarmería.
La CGR sostiene que “se mostraron imágenes de internos que al parecer no querían ser filmados, así como del interior de los recintos y de algunas actividades privadas realizadas por aquellos; se dieron a conocer antecedentes penitenciarios de reclusos; efectuándose una constante mofa de estos”.
Asimismo, la Contraloría señala que  todo ello ocurrió “sin que conste la existencia del pertinente consentimiento de los afectados y sin haberse adoptado los resguardos para proteger la privacidad y la honra de la población penal”.
La institución fiscalizadora agrega que no existe fundamento para haber permitido “el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios, a fin de que convivieran por un determinado tiempo con los reclusos”, y que “la distracción de recursos humanos y materiales en las antedichas actividades, además de ser jurídicamente improcedente, podría poner en riesgo el cumplimiento de las funciones propias de la institución”.
A raíz de lo anterior, el organismo contralor ordenó realizar un sumario administrativo que permita establecer las responsabilidades y revisar el procedimiento para el otorgamiento de permisos para programas televisivos.
Cabe señalar que en febrero pasado Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó al programa “Alerta Máxima” de Chilevisión, respecto del cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó –en septiembre de 2016- una denuncia por vulneración de la dignidad humana, trasgresiones al derecho a la privacidad, trato discriminatorio y afectaciones a la resocialización de las personas privadas de libertad mostradas en el espacio televisivo.
A juicio del CNTV y en concordancia con lo planteado por el INDH en su denuncia, el programa “Alerta Máxima” emitido el 25 de agosto de 2016 habría quebrantado el artículo 1 de la Ley 18.838 al vulnerar la dignidad de diversas personas privadas de libertad, por lo que fue sancionado a pagar las suma de casi 14 millones de pesos.

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