En una nueva columna publicada recientemente, Allan R. Brewer-Carías, profesor de la Universidad Central de Venezuela, ha vuelto a tratar la crisis institucional por la que atraviesa actualmente Venezuela luego del anuncio de revisión de su sentencia que se atribuía funciones y restaba inmunidad a parlamentarios.
Así, y en torno al golpe de Estado continuado en Venezuela y su condena generalizada, expone el autor que el mismo día de publicada la primera sentencia, el 28 de marzo de 2017, que fue el mismo día en la cual los representantes de una empresa del Estado presentaban su recurso de interpretación que originó la segunda sentencia que se publicó el 29 de marzo, el Presidente de la República ya celebrara como una “sentencia histórica” el nuevo golpe de Estado que había comenzado a dar la Sala Constitucional, indicando en el Consejo de Ministros que, según se reseñó en la prensa, que “su equipo jurídico” se encontraba “evaluando el alcance de la sentencia que emitió este martes el Tribunal Supremo de Justicia en el que ordena al Ejecutivo ejercer las acciones pertinentes para “salvaguardar el orden constitucional.
Me están facultando con un poder habilitante especial para defender la institucionalidad, la paz, la unión nacional y rechazar amenazas de agresión o intervencionismos contra nuestro país. Esta es una sentencia histórica”.
Lo ocurrido con las sentencias, agrega el documento, fue advertido de inmediato por el Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, quien apenas se publicaron, el día 30 de marzo de 2017, denunció con razón, “el auto-golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional, último poder del Estado legitimado por el voto popular,” afirmando con lamento que lo que tanto había “advertido lamentablemente se ha concretado”.
En cuanto a la reacción de la Fiscal General de la República, manifiesta el texto que en medio de todas las reacciones de rechazo y repulsa ante las acciones de la Sala
Constitucional, que sin embargo, fueron celebradas por el Presidente de la República, como “históricas,” la Sra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, quien por su acción y omisión fue durante los últimos 15 años el bastión más importante en defensa del autoritarismo y de ocultamiento de todas las inconstitucionalidades cometidas por todos los poderes públicos controlados por el régimen; sorpresivamente, el día 31 de marzo de 2017, al presentar el Balance de Gestión del Ministerio Público, blandiendo la Constitución como siempre lo han hecho los funcionarios que la violan para pretender argumentar que actúan conforme a sus previsiones, expresó públicamente que de dichas sentencias se evidenciaban “varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución,” considerando que ello constituía “una ruptura del orden constitucional”.
En cuanto a la exhortación del Ejecutivo a la Sala Constitucional para que “violase la ley”, expone el profesor Brewer-Carías que, como en todos los países del mundo, el artículo 252, del Código de procedimiento Civil prescribe categóricamente que “después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado,” razón por la cual que es una ilegalidad infame que los funcionarios del Poder Ejecutivo que participaron en la reunión de ese Consejo, le hubieran solicitado a la Sala Constitucional que “revise” sus sentencias, lo que no le es permitido hacer; de manera que incluso si lo hacía lo que iba a evidenciar es que carecía totalmente de autonomía e independencia, como efectivamente ocurrió.
De esa forma, concluye al autor manifestando que todos estos acontecimientos, como lo recordó Oswaldo Álvarez Paz, “protagonizados alternativamente por el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscal General de la República, el Ejecutivo y los conocidos corifeos, apóstoles de la “revolución” bolivariana, ”por lo demás, lo que hicieron fue “desenmascarar nacional e internacionalmente al régimen dictatorial que nos gobierna,” y “terminar de darle la razón más plena a los informes de Luis Almagro, secretario general de la OEA y a la solidaridad de los gobiernos de alrededor de 20 países que lo acompañan en sus corajudas acciones.
Vea texto íntegro de la columna.
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