La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Venezuela garantizar el derecho de manifestación de las personas y a desmilitarizar las calles, junto con hacer un llamado a armar a 500,000 milicias civiles para defender la paz, la soberanía e independencia de la patria, durante las protestas que se estarán llevando a cabo en el día de hoy y próximamente.

De acuerdo a la CIDH este despliegue de fuerzas militares y milicias civiles armadas ordenadas por el Poder Ejecutivo, representa una grave amenaza a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos. 
En este ámbito, ha expresado su preocupación por hechos de violencia que han ocurrido en este país en las últimas semanas durante manifestaciones que cobraron la vida de al menos cinco manifestantes, decenas de heridos, denuncias sobre torturas y cientos de personas detenidas.

Según lo anterior, la CIDH recomendó al Estado que reconozca públicamente y proteja el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión sin discriminación por razones de opinión pública y excluya la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos de manejo de manifestaciones públicas, entre otras,  junto con el uso de armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de estas protestas sociales.

Asimismo, rechazó cualquier tipo de expresión o discurso intimidatorio de altos funcionarios del Estado en contra de la ciudadanía y dirigentes de oposición como forma de disuadir el derecho a la manifestación, señalando que
"la criminalización de la legítima movilización y protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de investigación, detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”.

De esa forma, la CIDH concluye indicando que dada la labor que cumplen los periodistas que cubren manifestaciones y situaciones conflictivas, el Estado debe asegurarles que cumplan su función y evitar agresiones, detenciones o destrucción de los equipos y registros, ya que a su vez cumplen un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante los manifestantes.

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