CC de Colombia declaró inconstitucionales normas que regulan derecho de reunión por invadir facultades reservadas al legislador.

La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una serie de artículos contenidos en el título IV del Libro Segundo de la Ley Nº 1.801 de 2016, por la cual se expide el Código de Policía y Convivencia”, por violación de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) del artículo 152 de la Constitución Política.

En su sentencia, la Corte Constitucional colombiana recordó el carácter fundamental de los derechos de reunión y manifestación pública pacífica, señalando el reconocimiento expreso hecho por el artículo 37 de la Constitución y el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente reiteró desde su jurisprudencia, la interrelación y la interdependencia existente entre los derechos fundamentales de reunión, manifestación pública pacífica, libertad de expresión y los derechos políticos, lo que resultaba determinante para el examen del cargo de violación de reserva de ley estatutaria por las normas demandadas del Código Nacional de Policía y Convivencia.

Así, el fallo procedió́ a la solución del cargo de inconstitucionalidad, para lo cual aplicó los criterios de evaluación de la reserva sobre los “Derechos y deberes fundamentales de las personas” construidos por la jurisprudencia, hasta concluir que la normatividad dispuesta en el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016, titulado “Del derecho de reunión”, consistía en una regulación integral de los derechos fundamentales de reunión y protesta pública pacífica, con incidencia sobre los derechos interrelacionados y concurrentes de libertad de expresión y los derechos políticos, que versaba sobre los elementos estructurales y los principios básicos de esos mismos derechos, en el sentido de haber consagrado límites, restricciones, excepciones y prohibiciones, lo que obliga a que esa regulación deba ser expedida por los procedimientos de la ley estatutaria y no por los de la ley ordinaria, como en efecto sucedió́, razón por la cual se procedió́ a la declaratoria de inexequibilidad, otorgando un plazo al Congreso de la República para que en ejercicio de sus competencias constitucionales, expida la normatividad respectiva.