Diario Constitucional

Y condenó secuela de muertes y heridos.

CIDH se pronuncia contra medidas represivas adoptadas por Venezuela frente a protestas. y condena la secuela de muertes y heridos.

La CIDH concluyó expresando que se encuentra evaluando las implicaciones legales y jurídicas de la decisión del Presidente venezolano.

Por Redacción·10 de mayo de 2017·3 min de lectura
CIDH se pronuncia contra medidas represivas adoptadas por Venezuela frente a protestas. y condena la secuela de muertes y heridos.
Referencial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deplora las medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela, en respuesta a la ola de protestas iniciadas en el mes de marzo en el país. La CIDH llama al Estado a cesar estas medidas y dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En su comunicado, la CIDH condena especialmente el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones sobre lo cual la CIDH ha expresado su preocupación. Según cifras recién publicadas por el Ministerio Público, 36 personas han fallecido y al menos 757 han resultado heridas, en el marco de las manifestaciones ocurridas en el país. De las víctimas fallecidas, 4 eran adolescentes. Preocupa el número de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil han registrado 1.991 detenidos desde el 4 de abril hasta la fecha de elaboración de este comunicado. Se informa adicionalmente que cientos de personas detenidas continuarían privadas de libertad. La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre tortura y malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas del Estado, así como violaciones a las garantías y protección judiciales, incluyendo el uso de la jurisdicción penal militar para detener y juzgar a civiles.

Por otra parte, altas autoridades estatales usan los medios de comunicación para estigmatizar y criminalizar, calificando como “terroristas” o “insurgentes armados” a quienes convocan y participan en manifestaciones, al tiempo que se ha reportado un aumento de ataques y detenciones arbitrarias de periodistas y la censura a medios de comunicación nacionales e internacionales.

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