El estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) da cuenta de algunos aspectos básicos relacionados con la capacidad que tendrían actualmente los municipios para responder a situaciones de riesgos y emergencias en sus respectivas comunas.
La publicación comienza con una descripción de la actual normativa que rige el quehacer municipal en esta materia para así determinar cuál sería la responsabilidad que tendrían los municipios.
La AMUCH sostiene que los municipios son actores fundamentales en la gestión de riesgos y emergencias, como se ha establecido en los cuerpos normativos que regulan esta materia a nivel nacional, provincial y local.
En lo que se refiere al rol de los municipios, por un lado, deben realizar un levantamiento y sistematización de información sobre el estado de la comuna antes, durante y después de cualquier situación que amenace su territorio y la seguridad de sus habitantes.
Por otro lado, deben promover la participación comunitaria para generar iniciativas que contribuyan a minimizar los riesgos y a preparar a los habitantes para actuar adecuadamente frente a una situación que ponga en riesgo su seguridad.
Además, y este es quizás el aspecto más fundamental a juicio de la Asociación, es que deben desplegar los esfuerzos que sean necesarios para salvaguardar a sus habitantes en situaciones de riesgos y emergencias.
Todo esto a través del accionar de la Unidad u Oficina Municipal de Protección Civil y de la Dirección Comunal de Protección Civil, en coordinación con la Dirección Provincial de Protección Civil, la Dirección Regional de Protección Civil y la Oficina Nacional de Protección Civil (ONEMI).
Por otra parte, de acuerdo a la AMUCH, un 87% de los municipios considerados en la muestra de este estudio informaron que disponen de un documento en el que han estipulado cuáles son los riesgos a los que están expuestos la comuna y sus habitantes.
Lo adecuado, continúa, sería que esta información estuviese disponible en los sitios web de los municipios para así facilitar el acceso a ella, iniciativa que sólo han adoptado un 18% de los municipios de la muestra, indica el texto.
Sobre el nivel y área de estudio del funcionario municipal designado por el alcalde para gestionar las situaciones de riesgos y emergencias, se pudo determinar, según el documento, que el 59% de ellos cuentan con un título profesional y otro 28% con estudios técnicos. La mayoría de estos títulos estaban relacionados con el área de la ingeniería, el trabajo social y la prevención de riesgos.
Con respecto a la disponibilidad presupuestaria y al nivel de gasto que pueden emplear los municipios para atender situaciones de riesgos y emergencias, la AMUCH observa una importante brecha entre ellos.
Sobre la capacitación que han recibido los municipios en materia de gestión de riesgos y emergencias, la Asociación logró determinar que tanto la cantidad de capacitaciones que se realizan en un año como la cantidad de funcionarios que participan de ellas, depende en buena medida de la disponibilidad presupuestaria de los municipios.
A continuación el estudio establece que alrededor de la mitad de los municipios de la muestra de este estudio informaron haber actualizado sus respectivos Planes Comunales de Protección Civil y Emergencias entre 2016 y 2017. De todas formas, existe un 8,6% que no actualiza dicho plan desde antes de 2014.
Finalmente, la AMUCH determina que el tipo de albergue más común entre los municipios de la muestra de este estudio corresponde a recintos educacionales, principalmente, de carácter municipal, seguido por recintos deportivos también de propiedad del municipio y luego por sedes vecinales o comunitarias.
Fueron consultados 285 municipios, todos ellos pertenecientes a las 10 regiones del país que se han visto más expuestas a situaciones de riesgos, emergencias y/o catástrofes en el último tiempo.
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