En fallo unánime.
Corte de Antofagasta acoge protección y ordena a COMPIN el pago de licencias médicas rechazadas.
El Tribunal de alzada señala que el Estado de Chile es quien tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la seguridad social.
En fallo unánime, la Corte de Antofagasta acogió el recurso de protección presentado por Moisés Fernando Lobos Vega contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), por el rechazo de 14 licencias médicas presentadas entre noviembre de 2015 y diciembre de 2016.
La sentencia del Tribunal de alzada sostiene que mientras el organismo a cargo de fiscalizar el cumplimiento de la normativa de seguridad social se niega a autorizar las licencias por estimar que la incapacidad que las motiva es de carácter permanente, el organismo que detenta la supervigilancia y control del sistema de pensiones, le niega la pensión que correspondería en tal caso al estimar que la misma incapacidad que padece no tiene el carácter de permanente que le atribuyen los primeros.
La resolución de la Corte de Antofagasta agrega que esta dualidad de decisiones provenientes de una misma administración del Estado no puede sino considerarse como arbitraria, desde que no puede entenderse – ya que no se explica -, el razonamiento lógico que hay detrás de esta evidente contradicción, la que por lo demás deja al recurrente en una posición de absoluta indefensión y en un limbo jurídico en el cual su padecimiento, acreditado por un facultativo de la salud autorizado para ello, no encuentra respuesta frente al Estado, quien tiene la obligación constitucional de garantizar el respeto de los derechos de las personas, en este caso, del derecho a la seguridad social.
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