La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la reciente entrada en vigor del Código de Migración de Guatemala.
Cabe señalar, de acuerdo a la CIDH, que este Código integra y armoniza múltiples normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del Derecho Internacional de los Refugiados, así como de la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares al ordenamiento jurídico guatemalteco.
La Comisión detalla que el Código de Migración incorpora de forma innovadora el derecho de protección del Estado guatemalteco a cualquier persona que se encuentre en su territorio, con la prohibición expresa de exigir documentación de identificación o cualquier otro requisito.
Luego la CIDH sostiene que reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran algunas personas en el contexto de la migración, el Código establece disposiciones especiales en materia de niñez migrante, de maternidad y de personas adultas mayores.
Destaca el documento, que dentro de los desarrollos más importantes del Código se encuentra el reconocimiento al derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y la figura del asilo diplomático, así como el derecho a la no devolución (non-refoulement) para cualquier caso en donde la vida, integridad física y libertad de la persona se encuentre en riesgo, independientemente de su reconocimiento como refugiada o asilada.
Adicionalmente, agrega el texto, el Código permite el ingreso de personas por razones humanitarias, entre las que se encuentran las personas afectadas por catástrofes naturales, emergencias médicas, conflictos armados, cooperación con otros Estados con fines médicos, de auxilio o socorro y para la repatriación de restos de familiares muertos en Guatemala.
Al respecto, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH señaló que “quiero felicitar la decisión de Guatemala de aprobar un Código de Migración basado fundamentalmente en un enfoque de derechos humanos, en lugar de utilizar uno de seguridad nacional. Este tipo de medidas van en mayor consonancia con las normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Asimismo, Vargas añadió que “el Código es un importante esfuerzo por garantizar los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su situación migratoria, por lo que esperamos que se asegure su implementación mediante un proceso de reglamentación abierto y transparente, con una amplia y activa participación de la sociedad civil. Esta nueva legislación y toda aquella que se derive de ésta deben ir acompañadas de procesos de capacitación y sensibilización a los funcionarios migratorios”.

Vea texto íntegro del comunicado

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