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México.

CIDH condena la muerte de 28 personas privadas de libertad en cárcel de Acapulco.

La Comisión solicita al Estado a continuar con la investigación para identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.

14 de julio de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los recientes hechos de violencia ocurridos en el penal estatal de Las Cruces, en Guerrero, México.
La CIDH recuerda que como consecuencia de estos hechos, 28 personas perdieron la vida y por lo menos 3 resultaron heridas.
Por ello, solicita al Estado continuar con la investigación iniciada con la debida diligencia, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes.
De acuerdo con información de público conocimiento, relata la CIDH, que aproximadamente a las 4:00 de la madrugada del 6 de julio 2017, en el Centro de Reinserción Social de Las Cruces, de Acapulco, Guerrero, tuvo lugar un motín derivado de la pugna permanente de grupos contrarios en el interior del penal, y que habría iniciado en el módulo denominado “de máxima seguridad”, donde se alojan los internos acusados de formar parte grupos de delincuencia organizada.
A continuación sostiene que según información oficial, dicho enfrentamiento resultó en que un total de 28 internos perdieron la vida, y 3 resultaran lesionados y que de acuerdo con imágenes difundidas por la prensa, por lo menos, 5 personas habrían sido decapitadas.
Asimismo, añade la CIDH, que de acuerdo con la Fiscalía General del estado de Guerrero, desde el momento en que el gobernador estatal tuvo conocimiento de los hechos de violencia, instruyó a la Policía y a la Fiscalía General del estado a realizar un operativo para recobrar el control del recinto penitenciario. Horas después del suceso, se habrían iniciado las investigaciones respectivas.
Por todo lo anterior, la Comisión Interamericana advierte que en el Estado mexicano prevalece una situación de violencia carcelaria.
En este sentido, la CIDH ha expresado su preocupación por la reiteración de hechos que reflejan la ausencia de medidas de seguridad efectivas para garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de las personas privadas de la libertad.
Enseguida, la CIDH enfatiza que los Estados tienen la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia. Estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que por acción u omisión pudieran ser responsables, indica.
Finalmente, la CIDH informa que el Estado les ha dicho que existe una investigación en curso, y la Comisión dará seguimiento a la misma. 

 

Vea texto íntegro del comunicado

 

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