La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó la entrada en vigor de la Ley general para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México.
De acuerdo a la Comisión esta importante legislación, que materializa los esfuerzos del Estado mexicano en su conjunto para eliminar esta práctica violatoria de derechos humanos, fue publicada el 26 de junio en el contexto del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura.
En su último Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, la CIDH manifiesta su profunda preocupación respecto a la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, en particular su uso frecuente sobre personas detenidas, antes que sean puestas a disposición de un juez.
En ese documento, la Comisión recomienda al Estado mexicano la adopción de una Ley General de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Cabe recordar que la misma recomendación habían realizado antes relatores especiales de la ONU y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asimismo, la CIDH también recomendó a México adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal y local, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en particular en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
La Relatora de la CIDH para México, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, señaló que la Ley establece la absoluta prohibición de la tortura, así como la prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante torturas, sin excepciones.
Agregó que esto da cumplimiento a las recomendaciones que la Comisión Interamericana dio a México en su último Informe de País.  El Informe de País fue publicado en marzo de 2016, con base en la visita realizada en 2015.
A juicio de la CIDH la aprobación e implementación de esta ley tiene el potencial de marcar un antes y un después en relación con el respeto y garantía de los derechos humanos de las personas que son detenidas, desde el momento de la detención hasta su presentación ante un juez o jueza.
Por ello, solicita al Estado a invertir los recursos financieros necesarios para su aplicación e implementación integral en todo el país.
Finalmente, la Comisión destaca la importante labor que tuvieron colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la aprobación de esta histórica ley.

Vea Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México

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