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Derechos Humanos.

CIDH realiza visita a la Amazonía peruana por derrames de petróleo.

La Comisión solicita al Estado peruano redoblar los esfuerzos de prevención de derrames para evitar la repetición de estos hechos y a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para proteger a las comunidades.

26 de julio de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita los días 8 y 9 de julio de 2017 a las comunidades de Chiriaco, Cuninico y Puerto Alegría, así como a tres zonas de derrame del oleoducto norperuano, con el objetivo de recabar información sobre la situación de derechos humanos de las comunidades afectadas en la Amazonía peruana.
Cabe recordar, que la Comisión recibió la invitación para realizar esta visita durante la audiencia Afectaciones a derechos humanos por derrames de petróleo en Perú, celebrada en su 158 Período de Sesiones en Santiago de Chile, en junio de 2016.
De acuerdo a la CIDH, durante la audiencia, líderes de las comunidades afectadas denunciaron que se habrían producido en la zona 40 derrames de petróleo en los últimos 20 años, la mitad de ellos en los últimos 4 años, lo cual habría resultado en el envenenamiento de las aguas y los bosques, dejando a las comunidades sin agua y sin alimentos.
En aquella instancia, señala la Comisión, el Apu de la comunidad de Cuninico, una mujer de la comunidad y el Presidente de la Nación Wampis, informaron acerca de múltiples enfermedades que estarían sufriendo los miembros de sus comunidades, en especial niños y niñas.
Por su parte, continúa la Comisión, el Presidente de la empresa estatal Petroperú señaló que la empresa ha realizado obras de reparación de los derrames, con el fin de limpiar la zona afectada y reparar a las comunidades. En consecuencia, invitó a la CIDH a verificar en terreno la situación.
La CIDH recibió asimismo una solicitud de medidas cautelares referida a la situación de 38 comunidades ubicadas en las zonas de Marañón, Chiriaco y Morona como consecuencia de derrames de petróleo del oleoducto norperuano en zonas aledañas a sus comunidades. Dicha solicitud está actualmente en trámite ante la CIDH.

 

Durante la visita

La CIDH fue informada en las tres comunidades sobre la presencia de petróleo y otros minerales en los ríos y árboles que se utilizan como medio de transporte y subsistencia.
Asimismo, las comunidades de Cuninico y Puerto Alegría no cuentan con acceso a agua potable, y por tanto, han desarrollado un sistema de recolección de agua de lluvia que consumen sin ningún tratamiento. También, las autoridades indígenas relataron que el agua de los ríos está contaminada y tampoco es adecuada para el consumo humano.
La Comisión recibió además información sobre el impacto de los derrames en la alimentación de los habitantes de las comunidades debido a que el número de peces habría disminuido después de los derrames, y aquellos peces que han subsistido no serían aptos para el consumo ya que presentarían deformaciones y sabor a petróleo.
Como consecuencia de lo anterior, se habrían producido afectaciones a la salud de las y los habitantes de la zona, como cólicos, diarrea, afectaciones de piel, alergias, sangrados y mareos, así como altos índices de desnutrición.
La CIDH recibió también información sobre falta de atención médica adecuada e integral para estas afectaciones, que fueron reportadas como nuevas, para las cuales no conocen tratamientos. La CIDH también recibió información acerca de la necesidad de construir aulas y capacitar a los educadores.
Cabe señalar que Petroperú es una empresa 100% estatal, presidida por el Ministro de Energía y Minas, cuyo objetivo principal es el transporte de hidrocarburos. Representantes de la empresa señalaron a la Comisión que han tomado medidas para mantener el oleoducto, contratando a empresas con las más modernas tecnologías para monitorear su funcionamiento adecuado.  Asimismo, que se están tomando todas las medidas para evitar en la medida de lo posible que se produzcan más incidentes de derrames, tales como la contratación de vigilantes y patrulleros de la zona, y trabajo con las comunidades y pueblos para su participación en la protección del mismo.
El Estado explicó en detalle las acciones de reparación que adoptó a través de empresas especializadas, y la OEFA y OSINERGMIN explicaron sus labores en la fiscalización de las obras. El Estado fue explícito en señalar que el daño ocasionado no puede ser reparado completamente, y que se realizan evaluaciones comparativas para terminar las obras. Agregó que desde el año 1996 se creó un plan de relaciones comunitarias, a la que Petroperú le da especial relevancia, y que está centrada en apoyo social a través de entrega de agua, atenciones médicas y víveres; de capacitación en las comunidades y puestos como promotores de salud y monitores ambientales, así como la seguridad del oleoducto.
Por ello, la Comisión manifiesta su especial preocupación ya que según la información circulada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a dos días de concluida la visita, reporta que se habría producido un nuevo derrame de petróleo cerca de la comunidad de Cuninico.
Finalmente, la CIDH insta al Estado peruano a redoblar los esfuerzos de prevención de derrames para evitar la repetición de estos hechos y a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para proteger a las comunidades de los efectos de este derrame y proveer de asistencia humanitaria.

 

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