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CIDH llama a los Estados a incorporar un enfoque de derechos humanos para dar respuesta a las diversas formas de trata de personas.

La Comisión señala que es fundamental adoptar medidas para prevenir este delito, para contrarrestar la demanda y para proteger a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas en la región.

1 de agosto de 2017

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama a los Estados de la región a incorporar un enfoque de derechos humanos que incluya medidas dirigidas a la identificación, prevención, protección, persecución y generación de alianzas para el combate de las distintas formas de trata de personas presentes en el continente americano.
El documento se refiere al “Informe Mundial sobre Trata de Personas” de UNODC publicado en diciembre de 2016, el cual expone que las mujeres y las niñas representan el 71% de las víctimas de la trata de personas en todo el mundo, 51% mujeres 20 % niñas.
La CIDH ha constatado que existen varias formas de trata de personas, con fines de explotación sexual y trabajo forzoso son las formas más identificadas.
Según el Informe de UNODC, en las Américas, las cifras de trata para fines de explotación sexual son de 57% en Centroamérica, Caribe y Sudamérica y 55% en Norteamérica. Para fines de trabajo forzoso son de 39% en Norteamérica, 29% Sudamérica y 16% en Centroamérica y Caribe.
Entre las otras formas de trata mencionadas por el texto se encuentran los matrimonios forzados, la adopción ilegal, la  extracción de órganos, y la mendicidad forzada. En el informe se registra que mientras que las mujeres y las niñas tienden a ser traficadas para matrimonios y esclavitud sexual, los hombres y niños suelen ser explotados para trabajos forzados. En Centroamérica y el Caribe los niños, niñas y adolescentes representan el 62% de las víctimas.
El Presidente de la CIDH, Comisionado Francisco Eguiguren, plantea que en las Américas aún se requiere seguir trabajando en la definición y el conocimiento de la trata de personas y sus diferentes formas de explotación para promover una mejor comprensión de esta problemática.
Enseguida, arguye que es importante adoptar medidas para prevenir este delito, para contrarrestar la demanda y para proteger a las víctimas y sobrevivientes de trata de personas en la región.
Destaca el documento que el derecho a no ser sometido a esclavitud, a servidumbre, al trabajo forzoso o a trata de esclavos y mujeres tiene un carácter esencial en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Así, la Comisión explica que los Estados Miembros tienen la obligación de prevenir la trata de personas, de implementar medidas tendientes a promover la identificación de sus víctimas, en particular en grupos en situaciones de vulnerabilidad, tales como mujeres, niñas y niños, personas LGBTI, migrantes, personas en situación de explotación sexual, niños y adolescentes vinculados a pandillas o maras, y tomar las debidas medidas para protegerlas. Asimismo, reiteran la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para investigar la trata de personas y castigar a los responsables, y que toda omisión a este respecto constituye una violación de los derechos humanos.
Luego, la CIDH recuerda que los países aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye entre los objetivos y metas el combate a la trata de personas, así como el combate a todas las formas de violencia y explotación contra las mujeres y niñas.
También, para enfrentar la trata es importante, dice el texto, reforzar el involucramiento del sistema de justicia, de otros niveles de Gobierno y del sector privado, por ejemplo, a fin de ampliar las redes que se comprometen y promueven acciones de lucha contra la trata, no solo desde la perspectiva criminal, sino que de prevención, de identificación temprana de la trata y de atención a las personas que pasan por esta situación.
Asimismo, fortalecer la articulación entre distintas políticas públicas para una respuesta integral a la trata de personas, como son los mecanismos de coordinación integrados (mesas interinstitucionales, planes de acción conjuntos, articulación entre niveles de Gobierno y con otros poderes, entre otros), desde un enfoque basado en los derechos humanos.

 

Vea texto íntegro del comunicado

 

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