La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa su alarma y preocupación ante la decisión del Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, de declarar persona non grata a Iván Velásquez,  Comisionado titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y ordenar su expulsión del país.
La CIDH expresa su consternación por la falta de fundamentación de esta decisión y recuerda al Estado guatemalteco que la declaratoria de persona non grata debe ser aplicada de manera excepcional y en ningún momento como una justificación para realizar una expulsión sumaria por la labor de la defensa de los derechos humanos.
En este sentido, la Comisión ha sido enfática en afirmar que en cualquier proceso que pueda afectar los derechos de una persona debe seguirse conforme las garantías de debido proceso, en forma que las personas puedan defenderse adecuadamente de cualquier acto emanado del Estado, lo que incluye el derecho al control judicial con efectos suspensivos.
Junto con ello, la CIDH Interamericana toma nota de la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por la que se otorga el amparo provisional solicitado que deja en suspenso la decisión de expulsión.
En este contexto, la Comisión  reitera su reconocimiento a la importante labor de la CICIG manifestado tanto en su Informe de País y de Seguimiento de Recomendaciones, como en su reciente visita in loco, respecto de las medidas y acciones dirigidas a combatir la corrupción e impunidad en Guatemala en los últimos años, proceso en el cual conjuntamente con el Ministerio Público ha desempeñado un papel fundamental.
De acuerdo a la  CIDH, recientes investigaciones de ambas instituciones señalaron que altos funcionarios del Estado y actores del país estaban comprometidos con actos ilícitos de corrupción.
Por ello, insiste en la fundamental importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y una justicia independiente e imparcial.
Finalmente, resalta la importancia de establecer medidas de protección a operadores de justicia e investigadores que garanticen la capacidad de ejercer su labor sin ser víctimas de amenazas, intimidaciones y otros actos en contra su vida e integridad física.

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