La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el cierre de más de 50 medios de comunicación en Venezuela bajo procedimientos apartados de los principios que garantizan la libertad de expresión y exhorta al Estado a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación -tanto nacionales como extranjeros- puedan operar en el país con garantías legales y sin ninguna distinción relacionada con su línea editorial.
Cabe señalar que de acuerdo con la información recibida por la Relatoría Especial, el 24 de agosto, los proveedores de televisión por suscripción en Venezuela retiraron de la parrilla de programación a los canales colombianos Caracol TV y RCN, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
William Castillo, viceministro para Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista a medio oficial que “RCN y Canal Caracol son instrumentos de una guerra mediática que, en Venezuela, se han comportado como maquinarias de agresión a la venezolanidad y a las autoridades legítimas”.
Enseguida, el Ministro acusó a Caracol TV de cometer “una serie de delitos gravísimos, de ofensas a Venezuela, a sus autoridades y a nuestras leyes”. Un criterio similar se habría utilizado previamente para ordenar la supresión de las señales de CNN y NTN 24.
De acuerdo a la Relatoría también recibió información según la cual en horas de la noche del viernes 25 de agosto, representantes de Conatel  ingresaron a las emisoras  92.9 FM y Mágica 99.1 FM en la ciudad de Caracas y ordenaron el cese definitivo de sus transmisiones. Según fue informado, minutos después de la salida del aire de ambos medios, las frecuencias fueron tomadas por dos nuevas emisoras vinculadas al partido oficial.
Previamente, el 16 de julio también había sido clausurada ULA TV, el canal de televisión de la Universidad de los Andes en Mérida, por parte de la misma Conatel invocando falta de documentos.
De acuerdo a la Relatoría,  información proporcionada por varias organizaciones, durante 2017 se sumarian al menos 49 las radios nacionales cerradas y cinco canales de televisión internacionales retirados de la programación de la televisión nacional por suscripción durante el año 2017, por órdenes del Gobierno.
Por ello, la Relatoría recuerda al Estado venezolano que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe estar basada en una ley y resultar proporcionada y estrictamente necesaria para proteger fines legítimos en una sociedad democrática.  El cierre de medios de comunicación como castigo por mantener una línea editorial crítica de un gobierno suprime de manera arbitraria el derecho que asiste a todos los venezolanos a expresarse sin temor a sufrir represalias y a recibir información plural y diversa y constituye además una forma de censura indirecta bajo el derecho internacional.
A continuación la CIDH afirma que si bien el Estado tiene la atribución reglada de administrar el espectro radioeléctrico, ello debe hacerse de conformidad con los principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos que prohíben la restricción del derecho a la libertad de expresión a través del abuso de la facultad de regular y administrar las frecuencias radioeléctricas.
Finalmente, la Relatoría Especial hace un llamado urgente para el reestablecimiento de la transmisión de las emisoras de radio y los canales de televisión retirados del aire, así como el restablecimiento de todas las garantías necesarias para el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.

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