El argumento central que exponen los diputados en la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta planteada para lograr la reelección del presidente Morales, es que las normas de la Constitución y la Ley Electoral vulneran los derechos políticos consagrados por los arts.1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) por imponer la limitación a la reelección para el ejercicio de los cargos de presidente, vicepresidente, senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes municipales y concejales municipales.
Al efecto, expresan los parlamentarios que las normas de la Constitución y del referido cuerpo legal serían contrarias a la CADH porque, al limitar la reelección de las autoridades electas en el Estado boliviano se estaría incumpliendo el compromiso internacional de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención cuyo libre y pleno ejercicio se debe garantizar a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (art. 1); se estaría violando el derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (art. 23) y se estaría discriminando con vulneración del derecho a la igualdad ante la Ley (art. 24).
Para sustentar su pretensión, se indica en el libelo, citan como precedentes obligatorios la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las sentencias emitidas en el caso Castañeda vs México, caso Yatama vs Nicaragua, y caso Argüelles vs Argentina, aunque no prueban que exista analogía de supuestos fácticos en estos casos donde los conflictos que fueron resueltos en las mencionadas sentencias serían diferentes al que plantean en su impugnación.
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