En fallo dividido, la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por ciudadana dominicana expulsada del país, por mantener una situación migratoria irregular.
La sentencia del máximo Tribunal sostiene que  la decisión del Intendente de la Región Metropolitana se basó en el hecho que la extranjera si bien ingresó de manera irregular al país, ha trabajado con una misma empleadora desde octubre de 2014, acreditando tener contrato de trabajo suscrito ante notario y en consecuencia los medios económicos para mantenerse en el país.
La resolución agrega que de lo relacionado y los antecedentes acompañados se desprende que en la actualidad no existiría medida que conculque la libertad de desplazamiento de la amparada, y sin embargo se arguye por la autoridad que para efectos de acceder a la petición de regularización de su estadía en Chile y la tramitación de su visa de residencia temporaria debe justificar un ingreso regular, para lo cual se la insta a hacer abandono del país, lo cual supone mantener los efectos del decreto de expulsión que la autoridad administrativa ya revocó.
A continuación, añade que en tales condiciones la decisión contenida en el Oficio Ord. N° 5205, de 7 de febrero de 2017, sin duda le ha impedido concretar su legítima aspiración de subsanar su situación migratoria, recibiendo de la autoridad un pronunciamiento meramente formal fundado sólo en la cita de disposiciones legales, pues los hechos en que se sostiene ya han sido objeto de análisis y pronunciamiento, lo que se patentiza con la decisión de la Intendencia de revocar la resolución de expulsión que le afectaba.
Decisión adoptada con los votos en contra de los Ministros Künsemüller y Dahm.

Vea texto íntegro de la sentencia

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