Se recuerda que la Dirección de Presupuestos (DIPRES) es la encargada de velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, a través de la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control.
A continuación, se detalla que una de sus principales funciones es preparar el presupuesto fiscal, a través del examen y revisión de las peticiones de los distintos servicios públicos. Así, y con el propósito de propender a una eficiente asignación de los recursos fiscales, efectúan una serie de evaluaciones que tienen como objetivo la verificación del cumplimiento de los fines propuestos y de la obtención de metas programadas para los servicios públicos. La principal de ellas es la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) que se efectúa desde el año 1997.
Sin embargo, se expone que el 2003 en una modificación al Decreto Ley sobre Administración Financiera del Estado, se formalizó el proceso entregando una atribución legal a la DIPRES a través de la cual realiza evaluaciones de los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los servicios públicos.
A continuación, se señala que los resultados de las evaluaciones son enviadas al Congreso Nacional para incorporarlas como antecedente al debate legislativo que se da a raíz de la Ley de Presupuestos.
No obstante, se plantea, por su magnitud y relevancia, se estimó que conocer los resultados de las evaluaciones junto con el Informe de Finanzas Públicas del Director de Presupuestos, como históricamente se había hecho, es decir, una vez ingresada la Ley, no era oportuno. Por ello, desde este año se consignó la obligación de publicar y enviar dicha información 15 días antes de que comience la discusión presupuestaria del año siguiente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Luego, se indica que nueve días antes de cumplirse el plazo máximo legal para presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, la DIPRES publicó los resultados de las 23 líneas de Evaluación de Programas Gubernamentales realizadas, de las que solo 4 presentaron un buen desempeño, 9 un desempeño suficiente y 10 insuficiente. Respecto de aquellos con buena evaluación, se trata de programas donde se destaca que el problema a resolver está claramente identificado, con una estrategia definida y que está teniendo resultados.
Enseguida, se explica que un caso totalmente contrario es lo que ocurre con el 43% restante de las evaluaciones que presentan un resultado insuficiente. En magnitud de presupuesto, se trata de $ 182.875 millones que se destinan a iniciativas con mala evaluación, los que llevan en promedio 5 años ejecutándose, excluyendo el Programa Presidente de la República cuyo año de inicio fue 1981 y el de Mejoramiento de Barrios, vigente desde hace más de 10 años.
En cuanto a los resultados de la evaluación, se afirma que una de las conclusiones más relevantes dice relación con los casos en que se critica el diseño del programa, a partir de lo cual se carece de estrategias de evaluación de su funcionamiento, no se cuenta con metas que permitan guiar el trabajo realizado, hay problemas de focalización, falta de sistematización de la información que recogen los programas (y a raíz de ello, por ejemplo, en el caso de programas de deporte, no se cuente con un registro efectivo y completo de los beneficiarios que atienden) y una carga administrativa muy importante.
Sin embargo, se  manifiesta que más grave resultan las evaluaciones que señalan que no se logra determinar el propósito del programa y donde la falta de información no hace posible establecer si éstos tienen efectos sobre la población objetivo. El problema de diagnóstico que presentan algunas iniciativas, pone en entredicho la pertinencia del programa.
Un caso que se menciona particularmente, es el del Ministerio del Deporte, donde sus 5 programas evaluados marcaron un desempeño insuficiente, los que suman casi un millón de beneficiarios por recursos que alcanzan los $ 57.767 millones. La evaluación deja de manifiesto una “falta de estrategia aplicada (en base a la política) que permita incorporar una lógica de intervención coordinada y articulada entre los diversos programas”. Así, se observan problemas de coordinación entre programas, como procesos no definidos, cambios de liderazgos y responsables en el transcurso de la evaluación, duplicidad de tareas, entre otros. Además, se identifica una falta de coordinación entre la institución responsable y el Ministerio del Deporte.
Además, se plantea que el mal desempeño de un Ministerio respecto de todos sus programas evaluados, lamentablemente, no es nuevo. El año pasado, las evaluaciones de los seis programas de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores (SENAME), dependientes del Ministerio de Justicia, tuvieron resultados insuficientes, justamente por problemas en su diseño y coordinación.
Finalmente, se propone que con el objeto de hacer más efectivas las evaluaciones y propender a reales cambios en programas mal evaluados, es indispensable fortalecer el seguimiento e instar a las instituciones responsables a que introduzcan mejoras efectivas a los programas. De la misma forma, se deben construir indicadores que alerten sobre el mal desempeño y que exista una correlación entre mala evaluación y asignación de recursos, incluso contemplando la posibilidad de eliminar programas con mala evaluación. Insistir en destinar recursos a programas con mal desempeño, no solo no resulta eficiente ante un escenario de recursos limitados, sino que constituye un mal uso de los recursos de todos los chilenos. Aún más, deja en evidencia que no se toma en consideración este mecanismo que tiene por fin propender a mejores políticas públicas. Fuente:www.lyd.com

RELACIONADOS
*CPLT acogió reclamo por infracción a normas de transparencia activa en contra de DIPRES…
*CGR instruye a DIPRES evaluar procedencia de iniciar proceso sumarial…