En la disputa que enfrenta a jueces y fiscales del Ministerio Público con el Consejo de Defensa del Estado que representa los intereses del fisco debido a la negativa del gobierno a reajustar los sueldos superiores a $ 4,4 millones mensuales, el abogado de los requirentes planteó que el caso podría llegar Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cabe señalar que las respectivas Asociaciones habían ingresado sendos requerimientos de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional respecto de dos incisos del artículo 1º de la Ley 20.975 luego de que la última Ley de Presupuestos, que aumentó en 3,2% la remuneración de los funcionarios públicos, dejó fuera a magistrados y persecutores, congelando los sueldos superiores a esa cifra.
En el TC se realizaron los alegatos y el abogado que representó a la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público y la Asociación Nacional de Magistrados señaló que el caso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la discriminación arbitraria que se está haciendo sobre la base de que los criterios que dejaron fuera a magistrados y fiscales del incremento salarial, no fueron objetivos y obedecen a un capricho”. En todo caso para recurrir a la instancia internacional, magistrados y fiscales tendrían que agotar la vía judicial interna.
Debe recordarse que la gestión pendiente invocada en los requerimientos de inaplicabilidad son dos recursos de protección que las Asociaciones interpusieron en la Corte de Apelaciones de Santiago y que se encuentran con su tramitación suspendida a la espera de la resolución del TC, recursos, que en última instancias -reanudado el proceso-, serán fallados por la Corte Suprema.
En su exposición el abogado del CDE, Rodrigo Quintana, sostuvo que la restricción de incremento salarial se aplica a todos los funcionarios públicos, incluyendo a ministros, subsecretarios, consejeros del consejo de defensa del estado y ministros de otros tribunales. “Si hubiera una restricción y en eso quiero ser muy categórico, aunque no le guste a mi querida contraparte, es que ésta plenamente justificada de acuerdo a la Constitución hacer reducciones a las remuneraciones de los empleados públicos del Estado”.
Vea alegatos de los abogados ante el Pleno del TC: primera y segunda parte.
Vea textos íntegros de los requerimientos y expedientes en causas Roles 3421-2016 y 3422-2016.
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