El año 2018 podría ser una fecha crucial en la historia de Irlanda -uno de los pocos países en la Unión Europea que todavía prohíbe el aborto junto a San Marino, Malta y Andorra-, si la mayoría de sus ciudadanos votan a favor de modificar el artículo que protege la vida.

En Irlanda del Norte el aborto está regido por dos leyes -de 1861 y 1945-, que establecen que la terminación del embarazo es delito, excepto cuando corre peligro la vida de la madre o hay riesgo de que la mujer sufra problemas físicos o mentales si continúa con la gestación. Además, los profesionales que practiquen un aborto ilegal pueden ser castigados con la cadena perpetua.

El resto del Reino Unido, Inglaterra, Gales y Escocia se rigen por la ley del aborto de 1967, que lo autoriza hasta las 24 semanas de embarazo, pero este plazo puede ser extendido si hay riesgo para la madre.

Los proabortistas llevan años pidiendo un referéndum sobre el artículo 40.3.3 de la Constitución para poder legalizar la eliminación del feto, y parece que por fin lo van a conseguir.

Los políticos parecen estar de acuerdo en que la votación sobre el aborto tendrá lugar, lo más probablemente, el año que viene.

Uno de los motivos que se ha esgrimido para que el referéndum no se celebre en 2017 es la necesidad de un debate prolongado, sosegado, con datos y argumentos, para que los ciudadanos opinen bien informados, afirman desde el gobierno.

La recomendación de la asamblea es la de introducir, en caso de salir favorable la votación, de forma paulatina la legislación más común en Europa sobre el aborto: legal hasta las 12 semanas.

La Comisión de Derechos Humanos de Irlanda del Norte (NIHRC) ha denunciado que la ley del aborto viola los derechos humanos de las embarazadas y las somete a un tratamiento "humillante" e "inhumano". Sostiene que la actual legislación prohíbe a las mujeres abortar cuando el feto presenta anomalías graves o cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto, lo cual, según la comisión, representa un caso de discriminación sexual. Las restricciones que impone la ley norirlandesa infringen, además, el derecho a la autonomía de las embarazadas de manera "injustificada", afirman.

La Asamblea norirlandesa ya votó el pasado año en contra de legalizar el aborto cuando el feto presenta anormalidades, al contar con el rechazo de diputados de partidos unionistas-protestantes y nacionalistas católicos, lo que da una idea de la complejidad de este asunto.

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