En una reciente publicación, Libertad y Desarrollo analiza el Programa de Sebastián Piñera.
Se sostiene que en materia económica, destaca la propuesta de reducir los impuestos a las utilidades retenidas de las empresas hacia los niveles promedio de la OCDE (24%- 25%) y volver gradualmente a la integración total de los impuestos de primera y segunda categoría.
Además, se expone en el documento, que se compromete a converger gradualmente y en un plazo de 6 a 8 años al balance estructural de ingresos y gastos fiscales. Se propone una amplia agenda de medidas destinadas a elevar la productividad, eliminar barreras a la competencia, impulsar el emprendimiento y agilizar la inversión. Destaca especialmente la Oficina de Gestión de Proyectos de Inversión, la reestructuración y agilización del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el programa Chile Invierte 2025, que comprende una cartera de proyectos por más de US$ 20.000 millones.
En materia laboral, continúa el texto, se señalan medidas destinadas a aumentar el poder de negociación del trabajador individual, el acceso a sala cuna universal para madres trabajadoras con hijo menor de 2 años y padres con tuición de los hijos, determinar el rol de los grupos negociadores y mejorar la definición de los servicios mínimos, y establecer un nuevo sistema de capacitación.
A continuación, se afirma que en educación destaca el acceso a educación parvularia a partir de los dos años vía subsidio a la demanda; la modificación de algunos aspectos de la controvertida Ley de Inclusión a nivel escolar, como terminar con la obligación de compra de inmuebles (que el Ejecutivo acaba de anunciar), restituir la selección en caso de proyectos de excelencia o de carácter especial y admitir los aportes voluntarios de los padres; la creación de 300 Proyectos Bicentenario; la modernización de la Educación Técnico-Profesional; y un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior que mantendría la gratuidad para el 50% más vulnerable y entregaría becas y créditos en condiciones muy favorables para el resto.
Luego, se detalla que en salud la propuesta apunta especialmente a reformar el sistema de salud primaria, ampliando su capacidad resolutiva y aumentando los médicos especialistas; reducir las listas auge y crear un bono de atención “Tú Eliges” para garantizar la atención oportuna; e innovaciones institucionales para reorganizar y mejorar la gestión de la red de prestadores estatales.
Además, se refiere a los problemas de seguridad ciudadana, que serían enfrentados a través de la modernización administrativa y operativa de las policías, un nuevo sistema integrado de prevención de delitos, un plan anti bandas y pandillas, un mejor control de las fronteras y una reforma a la Ley Anti Terrorista, entre otros.
En política social, indica LyD, destacan las propuestas destinadas a erradicar la pobreza que plantean un perfeccionamiento del Ingreso Ético Familiar, un plan para superar la situación de calle y medidas destinadas a dar una solución efectiva para familias que viven en campamentos. Una innovación del programa es la preocupación especial por la clase media, grupo socio económico que hoy es mayoritario de la sociedad chilena. Para ellos se propone un programa denominado "Red Clase Media Protegida", que busca entregar apoyo ante situaciones que pueden incidir significativamente en su condición económica, como son el desempleo, una enfermedad catastrófica o la longevidad, además del apoyo para el financiamiento de la educación superior y de las víctimas de delitos violentos.
Enseguida, se menciona la reforma de pensiones propuesta en el programa, la que supone un aumento de 4 puntos de cotización para ser destinados en cuentas individuales de administración privada (las AFP), un aumento de la Pensión Básica y el Aporte Previsional Solidario (financiado por rentas generales), e incentivos a la cotización y la postergación de la edad de jubilación con complemento de recursos para quienes coticen por más de 20 años (16 años para las mujeres), así como un aumento mayor para quienes además superen la edad promedio de jubilación.
También, se exponen dos medidas relevantes. La primera busca terminar con el Transantiago en 10 años y remplazarlo por un nuevo sistema denominado Transporte Tercer Milenio, que incluye 125 km nuevos de Metro (Líneas 7, 8, 9 y 10), y trenes urbanos en Santiago y las principales capitales regionales de Chile. La segunda, busca modernizar el Estado, a través, entre otros, de la digitalización de todos los trámites ("Chile Sin Papeleo 2025") y mejorar la gestión de los servicios públicos, además de desarrollar una serie de aplicaciones digitales para la prestación de servicios sociales y acceso a información educacional y de salud. Los costos totales del programa se han estimado en US$ 14 mil millones para los 4 años de gobierno. Según se ha señalado, la mitad se financiaría con mayor crecimiento; considerando que cada punto de crecimiento significa una mayor recaudación fiscal de US$ 700 millones, bastaría con elevar en 1 punto el PIB tendencial (hoy en 2,6%), para en los próximos 4 años acumular una recaudación fiscal adicional de US$ 7 mil millones. La otra mitad provendría de la reducción de gastos, esto es US$ 1.750 millones por año, lo que supone reasignar hacia los nuevos usos previstos en el programa el 2,5% del gasto público total anual. Esto se lograría con medidas de austeridad (congelamiento de viáticos, horas extras, viajes vehículos y asesorías) y la reformulación de programas públicos mal evaluados.
Así, LyD destaca que nadie podría discutir que el programa se enmarca en un proyecto que reconoce las bondades de la libertad de elección, la iniciativa privada y el rol subsidiario del Estado.
Por último, cree que aunque la focalización de la política social hacia los más pobres sigue, siendo primordial, es válido que a medida que las sociedades alcanzan mayores niveles de progreso, se amplíen las prestaciones del Estado hacia otros estados de necesidad -como, por ejemplo, las carencias que puedan aquejar a la clase media- siempre que ello no dañe los incentivos y redunde ya sea en mal uso o el aprovechamiento de los recursos públicos.
Vea texto íntegro del documento
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