Por la alta complejidad y riesgo que implica el trabajo en el que se desempeñan los fiscales del Ministerio Público, encargados de llevar a cabo las investigaciones en el ámbito penal, parlamentarios presentaron una moción en la cual proponen que se aumente la protección a dichos funcionarios.
A través de una modificación de diversos cuerpos legales, los senadores Harboe, Araya, De Urresti, Espina y Larraín, presentaron esta iniciativa, con el fin de asegurar la integridad de los fiscales y también evitar amenazas (ya sea a ellos mismos, como a su familia o propiedades) mediantes las cuales no se ponga en riesgo su autonomía para llevar a cabo las investigaciones.
Asimismo, los parlamentarios realizan una comparación de las condiciones con las que cuentan los fiscales de los Ministerios Públicos de otros países, como Uruguay, México o Estados Unidos, en los cuales cuentan con medidas de seguridad especial debido a la importancia del cargo que ostentan.
De acuerdo a los legisladores, según informa la Fiscalía Regional de La Araucanía, desde el año 2005 a la actualidad, se han registrado “más de 60 casos en que Fiscales del Ministerio Público han sido víctimas de violencia en la región de la Araucanía, siendo 12 de los casos derivados de la violencia rural, y 6 de ellos dentro del contexto del desarrollo de una audiencia”.
Por lo anterior, los congresistas proponen, en su proyecto de ley, que se modifiquen el Código Penal, la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, la Ley Orgánica Constitucional de la Policía de Investigaciones de Chile y la ley 19.628, sobre la protección de la vida privada.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis
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