La Cámara de Diputados ratificó los cambios del Senado al proyecto que corrige normas para solucionar varios problemas detectados en la implementación de las leyes de inclusión y de subvención escolar.
Cabe recordar que la primera etapa de implementación de la Ley de Inclusión Escolar entró en vigencia el 1 de marzo de 2016 y permitió que 300 mil estudiantes se hayan beneficiado con la gratuidad escolar y los demás beneficios del sistema.
Sin embargo, este primer paso permitió también identificar aspectos de la ley que pueden ser perfeccionados.
Por ello, el Ejecutivo envió un proyecto misceláneo que entre otras materias permite adecuar la regulación de arriendos, debido a que la norma genérica de valoración no siempre se ajusta a la realidad de los inmuebles con arriendos previos a la Ley de Inclusión.
Explican los legisladores que un estudio del SII señala que la media de las tasaciones fiscales de los inmuebles escolares es de 57% del valor comercial, pero con variaciones que van del 19% al 200%, y que la mediana es de sólo 48%. En otras palabras, la mitad de los inmuebles están tasados por debajo de la mitad de su valor comercial, teniendo en consideración que el avalúo fiscal se utiliza para fijar el canon anual de arriendo. Por ello, el texto propone autorizar que el valor anual del arriendo pueda superar el 11% del avalúo fiscal del inmueble, en casos excepcionales, siempre que se demuestre que la operación se realizará en los términos y condiciones que habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo de celebración.
Ello, agregan, permitirá regularizar la posibilidad de celebrar contratos de arrendamiento mientras los sostenedores no sean dueños de los inmuebles donde funcionan sus establecimientos educacionales, lo que facilita la continuidad del proyecto educativo. Para ello, se permite pactar un valor de arriendo de un inmueble, con ciertas limitaciones, y de igual manera se autoriza el proceso de autocompra, sin intermediación bancaria, de dichas propiedades.
Además, se excluyen de los procesos de admisión establecidos en la Ley de Inclusión la modalidad educativa de adultos, las aulas hospitalarias y las escuelas cárceles. En este punto, el Senado incluyó dentro de los procesos de admisión propios a las escuelas artísticas, lo que fue ratificado por la Cámara.
Asimismo, la iniciativa faculta a la Subsecretaría de Educación para que pueda exceptuar, en casos de emergencias o catástrofes y de manera transitoria, a un establecimiento educacional del cumplimiento de las normas de la Jornada Escolar Completa Diurna, permitiéndole funcionar en doble jornada hasta que la circunstancia originaria haya cesado.
También, se propone facultar a los sostenedores que no se adecúen al requisito de transferir tal calidad a una entidad sin fines de lucro dentro del plazo definido por la legislación, a hacerlo con posterioridad, suspendiendo el derecho a recibir la subvención a partir del 1 de enero de 2018 y hasta que se materialice la transferencia de la calidad de sostenedor.
En el texto, se incluyen normas que permitirán a los propietarios de establecimientos regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2 de 1998, del Ministerio de Educación y establecimientos de educación parvularia financiados con aportes del Estado para su operación y funcionamiento, que no cuenten con permiso de edificación, o que contando con este no han obtenido la recepción definitiva, puedan, hasta el 31 de diciembre de 2018, obtener los permisos de edificación y de recepción simultáneamente de sus inmuebles o mejoras de ellos, siempre que cumplan los requisitos que se indican.
Finalmente, se corrige un error de referencia en la Ley de Presupuestos vigente, para habilitar el pago de la Beca de Excelencia Académica durante el año en curso.

Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis

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