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Derechos Humanos.

CIDH condenó a Colombia por desaparición forzada de 12 personas en 1996.

El hecho ocurrió en Vereda La Esperanza, en el departamento de Antioquia, en donde el Ejército colombiano habría actuado en conjunto con paramilitares.

4 de diciembre de 2017

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Colombia por la desaparición forzada de 12 personas en 1996, entre ellas tres niños, así como la privación arbitraria de una de ellas, hechos acaecidos entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996 en la Vereda La Esperanza, del departamento de Antioquia, durante acciones atribuidas al Ejército y a paramilitares de derecha, al encontrar al Estado colombiano responsable de violar el derecho a la justicia "en perjuicio de las víctimas y sus familiares por las investigaciones de esos hechos".
La desaparición forzada de esas personas se produjo en una zona donde operaba la fuerza paramilitar Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), quienes habrían actuado en cooperación con integrantes de una unidad del Ejército llamada Fuerza de Tarea Águila, asentada en la base militar de la Piñuela, respecto de las víctimas que eran percibidas como simpatizantes o colaboradoras de los grupos guerrilleros que actuaban en la región.
El Estado colombiano reconoció ante la Corte su responsabilidad por algunas de las acciones detalladas en la sentencia, no así su responsabilidad por la colaboración entre paramilitares y las fuerzas armadas.
La Corte dejó establecido en su sentencia, que “como consecuencia directa de los hechos del caso, los familiares de las víctimas directas han padecido un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral".
El fallo le ordena a Colombia continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas. También ordenó levantar un monumento en memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas; otorgar becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas que así lo soliciten; y pagar indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial.
El Estado también deberá "efectuar una búsqueda rigurosa por las vías pertinentes, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas cuyo destino aún se desconoce", señala la sentencia.

 

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