La Corte Suprema de Estados Unidos preocupada por la erosión de la privacidad ante los avances tecnológicos, podría imponer restricciones a la capacidad del Gobierno para rastrear los movimientos de los estadounidenses por medio de la recolección de información de su teléfono celular.
Ello en relación a un caso en el que el Gobierno obtuvo 127 días de información de torres celulares sin contar con una orden judicial, lo que permitió ubicar a un sospechoso en la cercanía del lugar donde se realizaron robos.
El trasfondo de la preocupación de la Corte es la intranquilidad por lo fácil que se ha vuelto rastrear muchos aspectos de la vida de las personas y la expectativa de que los nuevos avances solo facilitarán nuevas intromisiones, tanto más si las personas se desplazan con sus teléfonos a vestidores, baños y la cama, y en la actualidad contar con un celular es cuestión de necesidad, no de elección y a través de estos dispositivos las autoridades cuentan con la capacidad de realizar “rastreos a toda hora” con la precisión que proveen las torres de telefonía celular al punto que es posible una identificación de lugar donde se ubican casi exacta.
Si la Corte se pronuncia sobre el caso, podría extender las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución en contra de los cateos no justificados para que se apliquen a la recolección de información proveniente de las torres de telefonía celular, herramienta importante en que se apoyan las investigaciones policiales.
Cabe señalar que la “causa probable” es la exigencia necesaria para conseguir una orden de cateo, lo que requiere la evidencia sólida de que una persona cometió un delito, pero el juez que falló el caso que ha motivado la intervención de la Corte Suprema se negó a desechar los registros al resolver que no se necesitaba de una orden y la corte federal de apelaciones respaldó la decisión.
El Gobierno alega que debe ratificarse la decisión adoptada por los jueces de instancia, mientras quienes se oponen aducen que si se exige una orden con “causa probable” se protegería en mayor medida a los ciudadanos en contra de intromisiones injustificadas por parte del Gobierno.

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