Escriben: “Protección internacional de la vivienda y el hábitat adecuado”.

En un artículo publicado recientemente, María Alejandra Pasquet, académica argentina, analiza la regulación del acceso a la vivienda en Argentina y a nivel internacional, en especial desde el punto de vista de la mujer.

En primer lugar, la autora señala, citando a George Renard, que el derecho es el orden social justo y desde ese enfoque lo consideramos el instrumento insustituible para ordenar la sociedad. Por ello, los operadores jurídicos tienen la responsabilidad social e individual de implementar los procesos necesarios para que el concepto se ponga en escena. Así, en relación al acceso a la vivienda, la vulnerabilidad de la mujer es una de las problemáticas sociales que aún no tiene un anclaje real y operativo. En efecto, la normativa nacional e internacional es más que abundante, pero hay ineficiencia de las disposiciones con motivo de que las políticas públicas no son enérgicas y contundentes y por ende, la justicia también es tibia en sus decisorios.

A continuación, el artículo revisa la normativa aplicable en Argentina. Así, se señala que el artículo 14 bis de la Constitución dispone que: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. Por otra parte, la derogada Constitución Nacional del año 1949 regulaba la función social de la propiedad. Por tanto, se puede sostener que la vivienda, entendida como el lugar habitual donde una persona o familia desarrolla su vida adecuada y razonablemente, tiene raigambre constitucional, y si le sumamos el cambio de paradigma sostenido por el Código Civil y Comercial nos encontramos frente a una oportunidad histórica para proteger el acceso y defensa de la vivienda entendida de modo amplio y como un todo con el hábitat. El acceso a la vivienda fue siempre una problemática que afectó y afecta a las mujeres de modo directo, y ello en función de las prioridades que tiene. Así, la necesidad de inmediato acceso a centros primarios de la salud, al agua potable, a la educación y en general a todo lo que comprende una vivienda y hábitat digno, es materia de estudio y regulación del urbanismo. Por ello, el derecho urbano, lejos de ser un simple instrumento de desarrollo, implica el conjunto de políticas, leyes, decisiones y prácticas que rigen la gestión y el desarrollo del medio ambiente urbano y no puede soslayar la realidad que día a día ponen en jaque el equilibrio del sostenimiento jurídico de la defensa de la propiedad.