La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público celebraron el Día Nacional Antilavado, que recuerda la entrada en vigencia, el 18 de diciembre de 2003, de la Ley N° 19.913, que creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.
Los directores de la UAF, Javier Cruz, y de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía de Chile, Mauricio Fernández, destacaron este nuevo aniversario de la mencionada Ley, que configura la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) que existe en el país, y cuyos pilares fundamentales son la Prevención,  Detección y Persecución y Sanción.
Javier Cruz explica que "el gran desafío en estos años ha sido educar al país sobre lo que significa el lavado de activos y cómo afecta a la economía en su conjunto. La manera más fácil de graficarlo es con una maleta llena de dinero que financia al narcotráfico, pero, en la actualidad, el crimen organizado utiliza mecanismos financieros globales y cada vez más sofisticados, con el fin de dar apariencia lícita a fondos o activos de origen ilícito. De ahí la importancia de prevenir el lavado y de estar atentos a sus señales de alerta”.
Enseguida, añade Mauricio Fernández “la experiencia muestra que no basta con actuar penalmente sobre las personas u organizaciones si no se afecta realmente al poder monetario que otorga la comisión de hechos delictivos. Desincentivar el disfrute del dinero ilícito, a través del comiso, es esencial para luchar contra el lavado de activos”.

Prevención

La UAF sostiene que en esta etapa participan las personas naturales y jurídicas de los 38 sectores económicos detallados en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, además de las superintendencias y los demás servicios y órganos públicos señalados en el inciso segundo del artículo 1º de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. El objetivo de todos ellos es prevenir que la economía chilena sea utilizada para la comisión de los delitos de lavado de activos (LA) y/o financiamiento del terrorismo (FT).
A continuación, detalla que al 30 de noviembre de 2017, 6.857 personas naturales y jurídicas están inscritas en el Registro de Entidades Reportantes a la UAF y, por tanto, participan en el Sistema Nacional ALA/CF: 6.444 pertenecen al sector privado, y 413 son entidades públicas.

Detección

Con respecto a este punto la UAF señala que todas las personas naturales y jurídicas antes descritas están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad/función. Si, tras aplicar inteligencia financiera, la UAF detecta indicios de LA/FT, remite inmediata y confidencialmente uno o más Informes de Inteligencia al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos.
Así, expone que entre enero y noviembre de 2017, la UAF ha recibido 3.594 ROS, lo que representa un aumento de 13,6% anual. En igual lapso, la UAF ha enviado a la Fiscalía 50 Informes y complementos de Informes de Inteligencia Financiera, que involucran a 150 ROS con indicios de LA/FT.

Persecución y sanción

La UAF afirma que la investigación y persecución penal de los delitos de LA/FT es dirigida exclusivamente por el Ministerio Público, organismo que cuenta con fiscales especializados en todas las regiones del país, los que son apoyados por la ULDECCO.
De acuerdo a la Ley N° 19.913, la Fiscalía puede requerir a la UAF antecedentes para las investigaciones de LA/FT que practique. Es así como, entre enero y noviembre de 2017, ha presentado 84 consultas a la UAF, las que, en conjunto, involucran a 1.403 personas naturales y jurídicas investigadas por su eventual participación en operaciones de LA/FT.
Respecto de la etapa sancionatoria, arroja que entre los años 2007 y noviembre de 2017, la Fiscalía ha formalizado 485 investigaciones por el delito de lavado de dinero,  logrando condena en 93 casos, que involucran a 164 personas. Del total de sentencias condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos, sobre el 70% tiene como delito precedente el tráfico de drogas. El resto se distribuye entre varios delitos de corrupción, obtención fraudulenta de créditos, uso de información privilegiada, contrabando, entrega de información falsa al mercado y trata de personas.

LOGROS AÑO 2017

Evaluación nacional de riesgos de LA/FT.

En marzo de este año, la UAF lanzó la primera  Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, con las amenazas y vulnerabilidades económicas y legales que tiene nuestro país frente al LA/FT, y su consiguiente impacto. El documento muestra que, si bien los delitos relacionados con el narcotráfico constituyen el principal riesgo de Chile frente al lavado de dinero, han aumentado las dinámicas relacionadas con la corrupción pública, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el contrabando.

Capacitación a entidades públicas

Desde febrero de 2015, asevera la UAF las instituciones públicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones.
Para ello, indica, y en el contexto de la Agenda para la Transparencia y la Probidad en los Negocios y en la Política, lanzada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, todos los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades han desarrollado sistemas preventivos antilavado de dinero y anticorrupción, y han formulado Manuales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios.
La UAF dice que los ha acompañado en este proceso, a través de capacitaciones online y presenciales. Así, desde febrero de 2015 a noviembre de 2017, la UAF ha capacitado a 4.670 funcionarios públicos de 418 instituciones.

Formalizaciones por lavado

Entre enero y noviembre de este año, de acuerdo a la Fiscalía de Chile se ha formalizado a 157 personas por el delito de lavado de activos (versus 23 en 2016), lo que guarda relación con 51 investigaciones vinculadas no solo a narcotráfico, sino también a malversación de caudales públicos, cohecho y algunos delitos económicos precedentes de lavado.
Este año destaca el denominado caso “Fraude en Carabineros” (por el número de formalizados y los montos involucrados), y la primera condena de lavado de dinero por el delito precedente de contrabando (del Juzgado de Garantía de Iquique).

NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT 2017-2020.

La UAF recuerda que en 2017, una veintena de organismos públicos emprendieron la tarea de diseñar una nueva Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo, que fortalecerá el Sistema Nacional ALA/CFT, y permitirá al país prepararse para la IV Ronda de Evaluación Mutua que desarrollará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2019-2020.