La Corte IDH requirió al Estado peruano suspender el procedimiento de acusación constitucional iniciado por el Congreso en contra de los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, recomendó destituir al magistrado Espinosa-Saldaña por un plazo de diez años y suspender por 30 días a los tres restantes a raíz de su actuación en el caso El Frontón.
En qué medida la resolución de la Corte IDH es obligatoria y resulta exigible para el Congreso, es un debate que se ha abierto en Perú y sobre el cual se seguirán profundizando las posiciones encontradas.
Para algunos el Parlamento no tiene otra salida que cumplir con el mandato de la Corte Interamericana, porque se trata de una decisión “válida y legítima”. Además Perú forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos al que voluntariamente cedió jurisdicción y se sometió a sus resoluciones, por lo que está comprometido su honor en el cumplimiento de ellas. Asimismo existe un precedente en que acató anteriormente un fallo de ese tribunal de manera escrupulosa. El caso de la extradición de un ciudadano chino, en el que la Corte IDH ordenó la suspensión del proceso y el Estado cumplió con el mandato de la Corte, que es lo que corresponde en un Estado de derecho; acatar las decisiones judiciales.
Quienes sostienen la posición contraria aducen que la Corte IDH, aún cuando se la considere un órgano supranacional, no puede intervenir en el ejercicio de atribuciones privativas y excluyentes de un órgano interno que ejerce directamente la soberanía popular y que persigue establecer responsabilidades constitucionales.
Vea texto íntegro de la resolución de la Corte IDH.
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