En fallo dividido, la Corte Suprema acogió recurso de casación en el fondo y anuló el fallo impugnado, dictando sentencia de reemplazó que dejó sin efecto el permiso edilicio de edificación del centro comercial Mall Plaza Valparaíso.
La sentencia sostiene que tal error de derecho se vincula directamente con lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que dispone que la construcción de obras de cualquier naturaleza, requerirán permiso de la referida autoridad, el que deberá otorgarse si de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas, cuestión que, según se analizó, no se verificó en la especie. Así, al rechazar el reclamo de legalidad se incurre en el error de derecho denunciado, pues se infringe el aludido artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, puesto que permite la ejecución de un proyecto amparado en el Permiso N° 79, sin que éste cumpla las exigencias previstas en la ley; sin perjuicio que, además, se yerra en la interpretación del artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, al aplicarlo a un caso ajeno a su preceptiva.
La resolución agrega que el Director de Obras sólo puede otorgar los permisos de Edificación respecto de proyectos que cumplan las exigencias previstas en la ley, debiendo tal funcionario ceñirse estrictamente por el principio de legalidad en materia urbanística, sin que aquel tenga facultades para interpretar la ley de manera laxa o analógica, puesto que el carácter técnico de aquella, determina por sí sola una interpretación restrictiva. Lo anterior fluye, además, de lo estatuido en el artículo 9 de la referida Ley General de Urbanismo y Construcciones que establece que corresponde a la referida autoridad estudiar los antecedentes y dar los permisos de ejecución de obras, de acuerdo a las disposiciones sobre construcción contempladas en esta ley, la Ordenanza General, los Planes Reguladores, sus Ordenanzas Locales y las Normas y Reglamentos respectivos aprobados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
A continuación, el fallo señala que resulta que efectivamente la reclamada, a través del funcionario municipal, esto es el Director de Obras, incurrió en ilegalidades al otorgar el Permiso de Edificación N° 79, toda vez que el proyecto que se ampara en él, no cumple la exigencia prevista en el artículo 2.1.36 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, razón por la que al aprobarlo, el mentado funcionario ha infringido, además, los artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y los artículos 1.1.3 y 1.4.1 de la mencionada Ordenanza, motivos suficientes para acoger el reclamo, siendo innecesario emitir pronunciamiento respecto del resto de los capítulos de ilegalidad.
Enseguida la sentencia añade que respecto de aquellas alegaciones enarboladas por el titular el proyecto, Plaza Valparaíso S.A, en relación a que el otorgamiento del Permiso N° 79, genera un derecho adquirido en su favor, que aquello sólo es efectivo en la medida que la autoridad al otorgar el permiso se ciña a las normas legales vigentes que rigen su otorgamiento. En efecto, un acto administrativo ilegal no puede generar un derecho adquirido para el solicitante, máxime si, como en el caso de autos, se trata de un acto de autorización que tal funcionario puede otorgar sólo si aquel se conforma con la normativa urbanística. Por lo demás, olvida el recurrente que esta Corte, de manera uniforme ha señalado que los actos emanados del Director de Obras Municipales, entre los que se encuentra el Permiso de Edificación, están sujetos al control de legalidad por la vía jurisdiccional a través del ejercicio de la acción contemplada en el artículo 151 de la Ley N° 18.695, sea que se conceda o se deniegue el permiso, cuestión que sería ilusoria en relación a las actuaciones que determinan el otorgamiento del permiso de edificación, si con su sola emisión se generara un derecho adquirido que ingresa al patrimonio del titular del proyecto.
Por ello, la sentencia concluye que se acoge el reclamo de ilegalidad planteado en la presentación de fojas 12 en contra de la Municipalidad de Valparaíso y, en consecuencia, se deja sin efecto el permiso de Edificación N° 79, de 14 de febrero de 2013, otorgado por la Directora de Obras Municipales de la referida ciudad.
Decisión acordada con los votos en contra del Ministro Carlos Aránguiz y del abogado Jorge Lagos, quienes fueron del parecer de rechazar el reclamo de ilegalidad, fundados en los razonamientos entregados al emitir su disidencia respecto del fallo de casación, compartiendo, además, íntegramente los razonamientos expresados por el sentenciador en el fallo anulado.

Vea texto íntegro de la sentencia

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