En forma unánime.
CS confirmó sentencia que rechazó protección deducida por ex abogado de la Contraloría Regional de O’Higgins por término anticipado a su contrata.
No se le pagó el feriado legal de vacaciones ni los días administrativos.

En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que rechazó la acción de protección deducida por un abogado contra la Contraloría Regional de O’Higgins, por haber puesto término anticipado a su contrata.
El recurrente estimó vulnerado el derecho a la integridad psíquica y el derecho de propiedad, ya que al ser desvinculado se omitió el pago de sus estipendios legalmente generados relativos al feriado legal de vacaciones y a los días administrativos.
En su sentencia, la Corte de Rancagua expuso en su oportunidad que los pagos que se reclaman están sujetos a determinados requisitos, de manera que según el parecer del órgano de control no podrían ser otorgados, como es la pretensión final del recurso, lo cual trae como consecuencia que los derechos que se pretenden se encuentran discutidos, y una discusión de esta clase no se puede resolver por medio de un recurso de protección, que constituye una acción cautelar de emergencia destinada a restablecer el ejercicio legítimo de derechos indubitados y no una instancia para constituir ni declarar derechos. Agregó que el derecho administrativo proporciona sus propias herramientas jurídicas y medios de impugnación de decisiones de esa clase, por lo que la forma utilizada en este caso es inidóneo, sin perjuicio de lo que pudiera impugnarse a través de juicios ordinarios de lato conocimiento, en ausencia de un procedimiento contencioso administrativo. Finalmente, indicó que no se ha demostrado que se haya producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, en términos que pudieran determinar que lo resuelto por el órgano contralor y que se reprocha deviene en ilegal, ni tampoco se ha probado que se está frente a un acto arbitrario, porque la medida se dictó en el marco de las legítimas atribuciones de dicha entidad de control, ateniéndose a la normativa vigente.
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