TC acogió inaplicabilidad que impugnaba norma que regula recurso de apelación en desafuero parlamentario.

El TC acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 418 del Código Procesal Penal.

La gestión pendiente incide en una solicitud de desafuero parlamentario seguida ante la Corte de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte Suprema mediante recurso de apelación, en los que el Ministerio Público requirió el desafuero del diputado Christian Urízar en el marco de una causa criminal por el delito de fraude al Fisco.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional sostiene que la Constitución establece que sólo es apelable la resolución que declara “haber lugar a la formación de causa”, no la que la niega. Para ello se apoya en lo resuelto en la sentencia Rol N° 2067/2012. Asimismo, en primer lugar, señala que corresponde al sentido literal de los artículos 62 de la Constitución, y que los artículos 419 y 421 del Código Procesal Penal apuntan en el mismo sentido. En segundo lugar, el sentido del fuero consagrado en la Constitución para los parlamentarios es que busca proteger a los diputados o senadores de acciones penales infundadas o poco serias, por lo que la carga de demostrar que hay motivos suficientes es de quien solicita el desafuero, y por tanto el fuero no puede ser interpretado a favor de los titulares de la acción penal. Una tercera razón es que el distingo que hace la Constitución es consistente con esa finalidad, pues si se da el desafuero, el parlamentario tiene derecho a impugnar la decisión de la Corte de Apelaciones, pero si se deniega, el asunto termina ahí. En cuarto lugar, el sistema no es distinto al sobreseimiento definitivo, que es el efecto que produce el rechazo de la Corte de Apelaciones al desafuero solicitado.