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Publican “La Araucanía a cinco años del atentado Luchsinger Mackay”.

LyD expone cómo los hechos de violencia aumentan de un Gobierno a otro. Una muestra de ello es que los incendios crecieron en un 301,1% entre la administración de Sebastián Piñera y el segundo período de Michelle Bachelet.

6 de enero de 2018

En una reciente publicación se da a conocer el artículo “La Araucanía a cinco años del atentado Luchsinger Mackay”. Se sostiene en el documento que en enero de 2013 un suceso generó un cambio radical en los hechos de violencia que habían ocurrido anteriormente en la Región de La Araucanía: el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay. Desde ese momento, continúa, los hechos se han vuelto cada vez más violentos en su intensidad.
Se plantea a continuación que los distintos Gobiernos han intentado dar respuesta a demandas de grupos mapuche para poder avanzar en el fin del conflicto en La Araucanía, pero ninguno ha tenido éxito hasta ahora.
Y se expone cómo los hechos de violencia aumentan de un Gobierno a otro. Una muestra de ello es que los incendios crecieron en un 301,1% entre la administración de Sebastián Piñera y el segundo período de Michelle Bachelet. Se muestra la variable “toda manifestación de violencia” en la que se contabilizaron tomas de terrenos, cortes de camino, hurto, incendios y actos violentos, los cuales aumentaron un 148,2% en el período mencionado. Esto muestra cómo claramente la zona y quienes la habitan han sido vulnerados en uno de los derechos fundamentales, como es la seguridad.
Luego se afirma que no sólo existe un cambio cuantitativo, sino que también se generó un cambio cualitativo en los hechos violentos que se empiezan a ver durante 2016 cuando los grupos radicales comenzaron a quemar iglesias y liceos, dejando de lado su objetivo anterior: los predios particulares de grandes empresarios agrícolas y empresas forestales.
Enseguida se recuerda que durante su actual mandato la Presidenta Michelle Bachelet generó una serie de políticas relacionadas con el tema indígena a fin de avanzar en soluciones para el denominado conflicto mapuche. Entre los hitos más destacados se puede contar la conformación de la Mesa Asesora Presidencial presidida por Monseñor Héctor Vargas que sesionó durante el 2016, el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía y la Consulta Constitucional Indígena. Al respecto, se arguye que estas instancias aún no presentan grandes avances en su ejecución con excepción de la primera que entregó su informe final en enero de 2017.
Además, se añade, la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía -liderada por Monseñor Vargas- fue un aporte muy valioso en el que se presentó un diagnóstico transversal sobre los alcances, causas y vías consensuadas para resolver el problema de violencia y el debilitamiento del estado de derecho en la zona, integración cultural y fomento del desarrollo.
Por su parte, expone el texto, el Plan de Reconocimiento y Desarrollo de La Araucanía consta de tres pilares fundamentales: políticas de reconocimiento a los pueblos originarios, desarrollo productivo y protección a las víctimas de la violencia. La primera, relacionada con cuotas parlamentarias y reconocimiento constitucional, no ha prosperado, puesto que no se ha presentado el proyecto de Nueva Constitución y no se lograron todos los acuerdos con los pueblos. En cuanto al desarrollo productivo de la región, se envió el proyecto de ley que genera una discriminación positiva a quienes se sienten mapuche, pero no consagra otros puntos relevantes como el catastro de tierras que se había anunciado. Finalmente, en cuanto a la protección de las víctimas, se amplió la ayuda a quienes fueron víctimas de violencia rural en sus hogares, es decir, esta ayuda ya no sólo irá para el sector productivo.
También, detalla el documento, la Consulta Constitucional Indígena es un proceso iniciado en 2016 en conjunto con el Proceso Constituyente realizado por el Gobierno. En éste se abordaron específicamente temas relacionados con el reconocimiento constitucional, tierras y ley de cuotas parlamentarias. Durante octubre de 2017 se realizó la consulta nacional con delegados, donde existieron algunos acuerdos totales, parciales y no se logró llegar a acuerdo entre el Gobierno y los representantes sobre los escaños en el parlamento y el concepto de territorio indígena, por lo que el Gobierno se comprometió a realizar un nuevo escrito para ser consultado, lo que a la fecha no se ha concretado.

Caso Luchsinger

Con respecto a este caso el texto dice que en 60 días más nuevos jueces deberán dictar una nueva sentencia para los 11 imputados, utilizando las mismas pruebas que se presentaron en el primer dictamen. Para el nuevo fallo se espera que la reevaluación de las pruebas por parte de los nuevos magistrados se realice conforme a las reglas que exige la justicia. Esto, porque en la resolución sobre la nulidad del juicio se mencionó que existían múltiples, graves y determinantes vulneraciones, infracciones y vicios. Finalmente, se espera que el nuevo juicio sea imparcial y que quienes resulten culpables sean penados conforme a la ley.

Por último, se afirma que las políticas presentadas por la Presidenta Michelle Bachelet no lograron generar grandes avances en el “nuevo trato” que propuso la Mandataria a los pueblos indígenas, por lo que el próximo Gobierno asume sin cambios sustantivos en la materia, pero con una situación de tensión y percepción de debilitamiento de la paz social acrecentada. www.lyd.org

 

Vea texto íntegro del documento

 

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