Aplica criterio de confianza legítima.
CGR determinó que decretos de desvinculación de funcionarios de CAPREDENA no se encuentran suficientemente fundados.
La práctica que origina la confianza legítima está determinada por una vinculación laboral cuya extensión alcanzó al menos dos renovaciones anuales.

Se reclamó ante la Contraloría General de la República –por parte de tres funcionarios de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional- en contra de la decisión adoptada por esa entidad previsional de no prorrogar sus contratas para el año 2018.
Al respecto, el ente de control recuerda que el artículo 10 de la ley N° 18.834, señala que los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.
Enseguida, la Contraloría General, hace presente, que acorde con lo sostenido en su dictamen N° 22.766, de 2016, “las reiteradas renovaciones de las contratas -desde la segunda al menos-, generan en los servidores que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que dicha práctica será reiterada en el futuro, de modo que para adoptar una determinación diversa es menester que la autoridad emita un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión, detallando el razonamiento y los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta, el que, de acuerdo con lo previsto en su dictamen N° 85.700, de 2016 -que imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación del dictamen N° 22.766, de 2016-, se materializa mediante la emisión de una resolución exenta”.
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