Con el propósito de aportar al principio de Eficiencia, Eficacia y Economicidad de la Administración del Estado, la Contraloría General de la República emitió, el 15 de enero, una resolución que exime temporalmente del trámite de toma de razón los actos administrativos referidos a dos materias de alto flujo documental.
La decisión considera que en los últimos años dichos actos, vinculados a internación administrativa, mantención, traslado y post-traslado dictadas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud; y a decretos y resoluciones sobre expulsiones de extranjeros emanadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública e Intendencias Regionales, en general se han ajustado al marco normativo y no se han formulado observaciones de relevancia.
En el primer caso, en 2017 se sometieron a toma de razón 2.740 resoluciones, de las que se representaron 291 (11,2 por ciento de ese total). En el segundo ítem, vinculado a los decretos y resoluciones sobre expulsiones de extranjeros, durante el año pasado se sometieron a este trámite de control de legalidad 1.900 resoluciones de las Intendencias Regionales, de las cuales se representaron sólo 81 (4,4 por ciento). Igualmente, en el mismo período, ingresaron 280 decretos desde la mencionada Secretaría de Estado, de los cuales sólo cinco se representaron (1,9 por ciento).
Por esta razón, la Contraloría General estimó pertinente adoptar, como medida temporal, el eximir de este control preventivo, apoyando la racionalización en el uso de los recursos humanos y privilegiando los controles de reemplazo, con el consiguiente ahorro en la utilización de los recursos fiscales y horas de trabajo para otras áreas.
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