La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 2/18, sobre migración forzada de personas venezolanas en la región.
Así, durante el 167 periodo de sesiones celebrado en Bogotá, la Comisión decidió elaborar una resolución en atención a la situación de miles de personas venezolanas que ante la grave crisis política, económica y social que afecta Venezuela, se han visto forzadas a migrar hacia otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de supervivencia que les permita preservar derechos tales como la vida, la integridad, la libertad, la salud y la alimentación, para ellas mismas y sus familias.
La Comisión dio cuenta sobre el profundo deterioro de la vigencia de los derechos humanos que afecta a la población de ese país,  en su informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela”.
Asimismo, la CIDH ha monitoreado de cerca la situación de migración forzada de personas venezolanas en la región. Sobre ese aspecto, el 31 de enero de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), contabilizaba 133,574 solicitudes de asilo de personas venezolanas, al tiempo que se registraban 350,861 personas venezolanas que optaron por otras alternativas migratorias para su regularización.
De acuerdo a la CIDH, esta migración forzada plantea retos a los Estados de la región, entre los que destacan el otorgar protección internacional a las personas que lo requieran, así como protegerlas de la discriminación y xenofobia, discursos de odio, el riesgo de apátrida, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y el descubrimiento de fosas clandestinas.
También, agrega la Comisión, que la falta de documentos de identidad, y obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria, particularmente acceso a vivienda, salud, alimentación, educación y otros servicios básicos. En este sentido, la Resolución que se publica el día de hoy, busca brindar orientaciones a los Estados de la región sobre las medidas a adoptar para responder a la situación, en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional de refugiados.
“Históricamente, el Estado y el pueblo venezolano han sido de los más hospitalarios al brindar protección y acogida a cientos de miles de personas que lo necesitan. Ha llegado el momento para los países de las Américas de retribuir la solidaridad y apoyar a las personas venezolanas”, dijo la Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH.
Por su parte, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrante, señaló que “no podemos ser indiferentes ante el dolor de todas las personas venezolanas que tienen que dejar su país por razones tan apremiantes como falta de comida, de medicinas o por persecución política. Es fundamental priorizar la protección de la persona con un enfoque de derechos humanos, evitando criminalizar y restringir la migración y la protección de quienes lo necesitan”.
Por ello, la CIDH insta a los Estados de la región a implementar las quince recomendaciones que se establecen en la Resolución; y se pone a su disposición de los Estados para brindar cooperación técnica en la elaboración e implementación de políticas públicas, leyes y prácticas dirigidas a abordar la situación de la migración y necesidades de protección internacional de personas venezolanas, para el ejercicio del derecho de buscar y recibir asilo, así como para prestar y facilitar asistencia humanitaria y medidas de integración y resiliencia de personas venezolanas.

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