En una reciente publicación se da a conocer el informe “Drogas en Chile: frontera, consumo e institucionalidad”. Se sostiene que desde hace algunos años las drogas en Chile han comenzado a generar dificultades en todos los niveles de la sociedad, convirtiéndose en un problema país.
A continuación se asegura que en el último tiempo Chile ha pasado de ser un país de tránsito del mercado de las drogas a uno de destino del narcotráfico (país consumidor). Esto se refleja en las estadísticas que entrega periódicamente el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, donde se pueden revisar incautaciones, detenciones y reportes de autoconsumo.
También se explica que la posición geográfica de nuestro país y su integración económica con el mundo explican en cierta medida el tráfico de drogas en la región, dado el límite territorial con dos de los tres mayores productores de cocaína en el mundo, Perú y Bolivia.
Luego se afirma que frente a las extensas fronteras y pasos no habilitados, Chile tiene la posibilidad de consolidarse como uno de los principales países de tránsito para el narcotráfico.
Además se plantea que en Chile los sistemas utilizados para medir la efectividad de las políticas relacionadas a las drogas son deficientes y se basan en la cantidad de incautaciones -que no representa necesariamente mayor efectividad para encontrar las sustancias-, detenciones por tráfico de drogas y reportes de autoconsumo.
El documento considera importante aclarar que es complejo disminuir el tráfico de drogas y que la ubicación y tratados que tiene nuestro país -como tratados de tránsito sin inspección desde Perú y Bolivia a los puertos de Arica y Antofagasta- posibilita que se haga uso de las carreteras chilenas para ser un corredor de la droga a esos puertos y así también abre las puertas a que un porcentaje de la mercadería se quede en el país.
Por ello, se recomienda la necesidad de trabajar el tema de las drogas y sus efectos nocivos para el país al menos en tres ejes: frontera, institucionalidad y consumo. En relación a las fronteras de nuestro país se debe analizar la permeabilidad, efectividad y las posibilidades de fortalecerlas, puesto que es a través de éstas que se introduce la mayor cantidad de droga que circula dentro del territorio nacional. Sería relevante generar una fuerza nacional dedicada al crimen organizado que incorpore mando y unidades conjuntas de las policías (Carabineros e Investigaciones) y que a su vez, se trabaje con otras agencias que tengan presencia en la frontera. Esto promovería una mayor coordinación entre las instituciones y a la vez elevaría los niveles de eficiencia.
En conjunto con lo anterior, se añade, existe la necesidad de mejorar las tecnologías que se utilizan en los controles fronterizos y ampliarlas a estaciones de control dentro del territorio como las carreteras troncales para lograr pesquisar cargamentos que hayan entrado por pasos ilegales.
Enseguida se agrega que en segundo término es importante trabajar en la institucionalidad, ya que existen lugares en Chile donde ésta está mermada o se ha desvanecido. En estos lugares las comunidades han dejado de considerar al Estado como un proveedor de derechos mínimos, como la seguridad. Con la extensión de estos “territorios sin ley” – sectores donde existe poca presencia del Estado- el narcotráfico comienza a actuar y la economía formal es reemplazada por la comercialización de las drogas.
Además en el texto se explica que al estar en un país de consumo, la violencia y la delincuencia comienzan a aumentar por la necesidad de mantener la adicción. Es entonces la presencia integral del Estado en estos barrios críticos una de las acciones para hacer frente a la amenaza inminente que se nos presenta. Se debe asegurar el Estado de Derecho, donde las reglas legales se apliquen administrativa y jurídicamente, con el fin de disminuir factores de riesgo que puedan ser relevantes a la hora de ingresar a una carrera delictual (como el acceso seguro a los establecimientos educacionales). A su vez se deben fomentar instancias y programas de la sociedad civil que promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la comunidad, puesto que esto impulsa la corresponsabilidad público-privada para el cuidado del entorno y de quienes habitan estos lugares. El construir un capital social en el largo plazo ayuda a prevenir situaciones de riesgo. Un último espacio en el que se debe trabajar es en disminuir el consumo de estas sustancias ilícitas.
Como se mencionó anteriormente, el consumo genera que por la necesidad de cubrir el uso de éstas, quienes son adictos comiencen a delinquir o a entrar en el narcotráfico para conseguir dinero y adquirirlas. Con el fin que la tasa de consumo disminuya, la creación de campañas de prevención, programas de prevención secundarios y el tratamiento para el consumo problemático se vuelven una necesidad para el Estado. Es por medio de estas circunstancias que la prevención se hace más efectiva, puesto que el trabajo previo rinde más que el posterior. Así lo menciona The Journal of Adolescent Health, que señala que las intervenciones o programas enfocados en reducir el uso de las drogas en las escuelas son más efectivas para prevenir y reducir el consumo.
Por último se concluye que la situación de las drogas en Chile no debe dejar a nadie indiferente. Es necesario que el Estado comience a tomar nuevas acciones frente a lo que está sucediendo, ya que las medidas anteriores parecen no haber dado buenos resultados. El giro que ha dado Chile al pasar de ser un país de tránsito de estas sustancias a un país de consumo genera grandes problemas para la nación, como el aumento de la delincuencia y el micro y narcotráfico, cuestiones que en definitiva afectan a toda la comunidad, quitándole libertades esenciales. Fuente: lyd.org

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