Derechos Humanos.
Amnistía Internacional asegura que México no es solo país de deportados, sino un país que deporta ilegalmente.
El organismo asegura que el 94 por ciento de las personas deportadas por México en 2017 venían de El Salvador, Guatemala u Honduras y que las investigaciones indican que en la mayoría de estos casos las personas no tuvieron la oportunidad de cuestionar su deportación.
Amnistía Internacional sostiene que mientras el Presidente Donald Trump ha captado la atención mundial con sus planes polémicos de construir un muro en la frontera sureña de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas están trabajando duro, pero discretamente, para evitar que las personas que huyen de Centroamérica se queden en México.
En este contexto, el organismo afirma que en 2017 el Gobierno mexicano deportó a 80.353 personas por haber ingresado al país sin contar con los papeles necesarios o por otras irregularidades migratorias. Pero en muchas ocasiones las deportaciones no solamente violan la ley mexicana, sino también el derecho internacional, poniendo en riesgo la vida de las personas deportadas.
A continuación, Amnistía se refiere al caso de Emilia (un nombre supuesto, por su seguridad). Estaba compartiendo un pequeñísimo cuarto de un hotel fronterizo con su esposo, sus seis hijos y su nieta aún bebé. A pesar de estas circunstancias incómodas de hacinamiento, estaba contenta, pues había logrado escapar de una situación tan peligrosa en El Salvador que cualquier lugar seguro era para ser agradecido. Sus hijos asesinados, ambos adolescentes, trabajaban como cobradores de autobuses, un trabajo que no parece en principio peligroso. Pero en El Salvador esta labor te puede costar la vida, debido a las poderosas redes de control y extorsión que ejercen las “maras (pandillas criminales)” sobre la industria de transporte.
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