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Derechos Humanos.

Amnistía Internacional asegura que México no es solo país de deportados, sino un país que deporta ilegalmente.

El organismo asegura que el 94 por ciento de las personas deportadas por México en 2017 venían de El Salvador, Guatemala u Honduras y que las investigaciones indican que en la mayoría de estos casos las personas no tuvieron la oportunidad de cuestionar su deportación.

20 de marzo de 2018

Amnistía Internacional sostiene que mientras el Presidente Donald Trump ha captado la atención mundial con sus planes polémicos de construir un muro en la frontera sureña de los Estados Unidos, las autoridades mexicanas están trabajando duro, pero discretamente, para evitar que las personas que huyen de Centroamérica se queden en México.
En este contexto, el organismo afirma que en 2017 el Gobierno mexicano deportó a 80.353 personas por haber ingresado al país sin contar con los papeles necesarios o por otras irregularidades migratorias. Pero en muchas ocasiones las deportaciones no solamente violan la ley mexicana, sino también el derecho internacional, poniendo en riesgo la vida de las personas deportadas.
A continuación, Amnistía se refiere al caso de Emilia (un nombre supuesto, por su seguridad). Estaba compartiendo un pequeñísimo cuarto de un hotel fronterizo con su esposo, sus seis hijos y su nieta aún bebé. A pesar de estas circunstancias incómodas de hacinamiento, estaba contenta, pues había logrado escapar de una situación tan peligrosa en El Salvador que cualquier lugar seguro era para ser agradecido. Sus hijos asesinados, ambos adolescentes, trabajaban como cobradores de autobuses, un trabajo que no parece en principio peligroso. Pero en El Salvador esta labor te puede costar la vida, debido a las poderosas redes de control y extorsión que ejercen las “maras (pandillas criminales)” sobre la industria de transporte.
El organismo señala que la historia de Emilia es la historia de miles de personas que huyen principalmente de El Salvador y Honduras, que se cuentan entre los países más violentos del planeta.
De acuerdo a Amnistía, organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas calculan que, hasta la mitad de las aproximadamente 500.000 personas que cruzan la frontera sur de México cada año podrían necesitar protección internacional.
Sin embargo, agrega, miles de estas personas no conocen sus derechos, o si levantan la voz son ignoradas. Aunque tengan el derecho de solicitar asilo en México, a muchas personas el estado mexicano les deporta sin tomar en cuenta el riesgo que corren. Conocida como “devolución” o “refoulement”, esta práctica es ilegal según el derecho internacional y la legislación mexicana.
Durante 2017, Amnistía Internacional hizo una encuesta de 500 personas de Centroamérica en México. De sus testimonios, 120 proporcionaban sólidos indicios de devolución. Además, añade el órgano, durante sus  investigaciones, encontraron numerosos testimonios de personas que fueron presionadas para firmar un papel de deportación, en contra de su voluntad.
Asimismo, arguye, de las 297 personas que nos contaron que fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM), 75 por ciento dice no haber sido informado de su derecho a solicitar asilo en México.
Luego explica que cada persona sujeta a una orden de deportación tiene una serie de derechos bajo el derecho internacional, incluyendo los de asistencia legal, de ser escuchado por una autoridad competente, y de tener la oportunidad de impugnar su deportación. No obstante, para miles de personas de Centroamérica, estos derechos simplemente no existen.
También señala que el 94 por ciento de las personas deportadas por México en 2017 venían de El Salvador, Guatemala u Honduras y que  las investigaciones indican que en la mayoría de estos casos las personas no tuvieron la oportunidad de cuestionar su deportación y, simplemente, fueron regresados a su país sin más preguntas.
Por último, manifiesta que es hora que las autoridades mexicanas, específicamente sus órganos judiciales, empiecen a investigar de manera independiente a los funcionarios que violan la ley y llevan a cabo estas devoluciones ilegales y, de existir motivos suficientes y admisibles en su contra, los mismos sean juzgados con imparcialidad.

 

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