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Amnistía Internacional condena acuerdo UE-Turquía por ser símbolo de una política miope sobre asilo y migración.

El organismo manifiesta que nadie discute la necesidad de evitar más muertes, pero imponer condiciones insoportables a la gente en campos instalados en las islas griegas y amenazar con su devolución no es la respuesta.

20 de marzo de 2018

Irem Arf, investigadora sobre migraciones de Amnistía Internacional relata la historia de Marwa (nombre ficticio), quien era maestra en Alepo antes de que la guerra la obligara a huir. Al llegar a Europa se sintió tratada “como una persona inferior”.
Marwa cruzó en bote el mar Egeo travesando Turquía, donde se sintió insegura como mujer refugiada no acompañada. Como tantos otros que huían de los horrores de la guerra y la persecución, pensó que podría rehacer su vida en condiciones seguras en Europa. En lugar de eso, dice que ahora “el miedo es una constante” en su vida en el campo de Vathy.
Marwa está entre los miles de personas que quedaron atrapadas en las islas griegas debido a un acuerdo firmado hace dos años por la UE y Turquía para que todas las personas que llegaran irregularmente a las islas a partir de ese momento fueran devueltas a Turquía. Sin embargo, el acuerdo se basa en una suposición fallida, a saber, que todas las personas pueden ser rápidamente devueltas a Turquía, un país erróneamente considerado seguro para quienes buscan asilo. De las casi 60.000 que han llegado a las islas griegas desde su entrada en vigor, sólo 1.570 han ido devueltas a Turquía en aplicación del acuerdo.
Mientras que antes del acuerdo, cuenta la investigadora, quienes llegaban a las islas podían trasladarse al territorio continental griego en cuestión de semanas, si no días, ahora muchos tienen que quedarse durante meses o años en campos destinados a su inscripción preliminar en un registro.
Luego  asevera que las graves condiciones de hacinamiento y las deficientes instalaciones en lugares como el campo de Vathy —que, con capacidad para 700 personas, alberga a más de 2.400, según las autoridades griegas— obligan a hombres, mujeres, niños y niñas a vivir en condiciones insalubres y a poner en riesgo diariamente su salud, integridad y seguridad.
También recuerda que en una visita reciente al campo vimos a cientos de personas, incluidos menores de edad, durmiendo en tiendas de campaña empapadas por las frecuentes lluvias. Para los residentes, el peligro acecha en todas partes. Padres y madres hacen turnos de guardia nocturna para ahuyentar a las ratas, temiendo que muerdan a sus bebés e hijos pequeños.
El objetivo declarado del acuerdo UE-Turquía era “frustrar el modelo de actividad de los traficantes y ofrecer a los migrantes una alternativa a arriesgar sus vidas”. Sin emabrgo, Amnistía asevera que las personas refugiadas en Turquía siguen sin una alternativa real a los peligrosos viajes irregulares a Europa. A fecha de 7 de marzo de 2018, el reasentamiento en un país de la UE en aplicación del acuerdo sólo se había ofrecido a 12.476 de los 3,5 millones de sirios presentes en Turquía.
Es incomprensible que, agrega, a pesar de estas deficiencias —incluso en los fallidos términos del acuerdo—, se considere un éxito. Quienes lo respaldan señalan la reducción significativa del número de llegadas a las islas griegas y del número de muertes en el mar Egeo. Pero 130 vidas humanas perdidas en el mar Egeo desde la firma del acuerdo siguen siendo 130; son demasiadas. Nos llegan noticias de que cada vez más personas intentan cruzar el río que marca la frontera terrestre entre Turquía y Grecia, para evitar quedar atrapadas en las islas, y que allí también está muriendo gente en el intento. Nadie discute, continúa, la necesidad de evitar más muertes, pero imponer condiciones insoportables a la gente en campos instalados en las islas griegas y amenazar con su devolución no es la respuesta.
Por último, Amnistía recomienda abrir más rutas legales y seguras, no sólo porque son una alternativa real y responsable a los peligrosos viajes que las personas refugiadas se ven obligadas a emprender actualmente, sino también como forma de contribuir a una distribución más justa de las personas refugiadas entre todos los Estados miembros de la UE, y de garantizar una gestión más ordenada de las llegadas. Asimismo debe reconocerse que, mientras haya personas que necesiten protección desesperadamente, levantar barreras, visibles o invisibles, no impedirá que emprendan el viaje para buscarla. Estas barreras terminan cayendo, o aparecen nuevas grietas. Y una vez más, cuando eso suceda, Europa no estará preparada para evitar el caos y la tragedia.

 

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