CS acogió protección deducida contra Cámara de Comercio por expulsar a un socio vulnerando el debido proceso.

La Corte Suprema acogió la acción de protección deducida por un particular contra la Cámara de Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria de Temuco y su Directorio, por dictar tres resoluciones por medio de las cuales se dispuso su censura y su posterior expulsión, y se rechazó la apelación presentada contra dichas decisiones.

El recurrente adujo que se vulneró la igualdad ante la ley, pues fue objeto de una censura y expulsión de que no fueron víctimas todos los socios de la asociación gremial recurrida, sin que sea atendible, como criterio para realizar tal distinción, la imputación de hechos efectuada sin señalamiento de circunstancias específicas y que derechamente no constituyen falta alguna establecida pormenorizadamente en los respectivos estatutos. Asimismo, indicó que se infringió el derecho al juez natural y el debido proceso, pues el órgano habilitado por los estatutos para resolver no era el directorio sino la asamblea que funcionaría como una especie de tribunal de alzada, y además, fue censurado de forma previa a la notificación que se le hiciera y solo una vez censurado, se le comunicó tal hecho a fin de que procediera a plantear sus descargos. También señaló que se conculcó el derecho a la honra, puesto que se censuró su conducta al imputarle un comportamiento antiético, amoral y vulneratorio del estándar establecido por la propia recurrida. Por su parte, arguye que vulnera el derecho de asociación y el derecho de propiedad, ya que se le priva de su calidad de socio, con el consiguiente perjuicio patrimonial que ello conlleva.

En su sentencia, el máximo Tribunal expuso que la sanción de expulsión se dispuso sin que se dictara resolución, limitándose el Directorio a comunicarla por carta dirigida al socio marginado y en lo que dice relación con la resolución que rechazó la apelación, no se hace sino que repetir, por un lado, el voto de censura de la Asamblea y, por el otro, el artículo 15, literal g) de los Estatutos, que consigna “serán funciones y atribuciones del Directorio; g) Acordar velar por la ética comercial de los asociados, pudiendo censurar a quienes transgredan las normas de la ética profesional razonablemente entendida”, sin que se contenga en ella razonamiento alguno que indique cuáles fueron los hechos concretos cuya comisión se le atribuyó, ni la forma en que se tuvieron por probadas las imputaciones formuladas al socio expulsado, o las razones por las cuales se decidió imponer la sanción más gravosa dentro de una organización de esta naturaleza, cual es la que impone la desafiliación forzada de la institución. Así, las omisiones de que padece la resolución en comento resultan de relevancia mayor dado que, del examen del Estatuto, se advierte que carece de un catálogo de faltas así como de otro relativo a las sanciones, de modo que no existe un parámetro referencial que pudiera permitir apreciar la proporción y razonabilidad de lo que se decidió por la Asamblea y el Directorio. Por tanto, es posible concluir que, aun cuando se trate de un conflicto entre particulares que debe resolverse dentro de las reglas propias de esa asociación, se hace indispensable que las partes en disputa se encuentren en igualdad de condiciones para que dicha diferencia pueda ser resuelta a través de los medios que resulten jurídicamente adecuados, situación que no se verifica en el caso sub lite.