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Amnistía Internacional condena en Israel expulsión de solicitantes de asilo africanos por ser una dejación de responsabilidad cruel y desacertada.

Amnistía Internacional afirma que la política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”. Al parecer, señala Amnistía, Israel ha llegado a acuerdos con […]

28 de marzo de 2018

Amnistía Internacional afirma que la política israelí de expulsar a solicitantes de asilo africanos a dos países africanos sin especificar supone renunciar a sus obligaciones con las personas refugiadas y es un ejemplo de las despiadadas medidas políticas que fomentan la “crisis global de refugiados”.
Al parecer, señala Amnistía, Israel ha llegado a acuerdos con dos países (se sobreentiende que esos dos países son Uganda y Ruanda). Las condiciones de los acuerdos son confidenciales.
El organismo explica que con arreglo al nuevo “procedimiento de expulsión a terceros países” del Gobierno, que entró en funcionamiento en enero, quienes aceptan irse reciben 3.500 dólares estadounidenses y un billete para viajar a su país de origen o a un “tercer país” sin especificar. Quienes no aceptan se exponen a permanecer en detención por tiempo indefinido. El Gobierno israelí aduce que el programa facilita la “salida voluntaria” de “infiltrados”.
Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, manifiesta que “¿cómo es posible que el Gobierno israelí lo defina como una manera de expulsar ‘voluntariamente’ a personas solicitantes de asilo, cuando la alternativa es volver a la persecución o a la detención indefinida? No debería obligarse a nadie a tomar una decisión así”.
Agrega el investigador que “teniendo en cuenta la magnitud de la crisis mundial de refugiados, expulsar a los solicitantes de asilo eritreos y sudaneses, y hacerlo de forma ilegal, constituye una despiadada dejación de responsabilidad. Es un ejemplo de unas políticas mal concebidas que se han convertido en sello distintivo de unos procedimientos disfuncionales de asilo e inmigración”.
Luego, Amnistía detalla que en virtud de la política de la Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras israelí, los hombres eritreos y sudaneses “infiltrados” deben abandonar Israel antes del 4 de abril. El “procedimiento de expulsión a terceros países” se basa en la premisa de que las personas expulsadas nunca han solicitado asilo y viven de forma irregular en Israel, o han solicitado asilo pero su solicitud ha sido rechazada. Quienes presentaron su solicitud después del 1 de enero serán igualmente expulsados.
El organismo agrega que el Gobierno israelí no ha facilitado detalles de los acuerdos, como cuáles son esos “terceros países”; acuerdos que Israel considera confidenciales y potencialmente dañinos para la reputación internacional del país. Ruanda y Uganda han negado la existencia de los acuerdos.
También detalla que el PIB per cápita de Israel es más de 50 veces el de Ruanda y más de 55 veces del de Uganda. Ruanda acoge al menos el triple de personas refugiadas que Israel, y la población refugiada de Uganda es más de 20 veces la de Israel.

Las expulsiones a Ruanda y Uganda por parte de Israel son ilegales

Luego Amnistía asevera que los acuerdos entre Israel y los países africanos no especificados, con independencia de cuáles sean, son ilegales en virtud del derecho internacional dado que vulneran el principio de no devolución (non-refoulement), que es la prohibición de transferir a una persona a un lugar donde corra un peligro real de sufrir persecución y otras violaciones graves de derechos humanos, o donde no estaría protegida posteriormente frente a esa transferencia.
Además el organismo arguye que Ruanda y Uganda no sólo niegan la presencia en su territorio de solicitantes de asilo llegados de Israel, sino que además, diciendo que no existe un acuerdo con Israel, se niegan a reconocer cualquier obligación hacia ellos.
Por ello, el investigador afirma que “el Gobierno israelí debe suspender de inmediato las expulsiones de solicitantes de asilo eritreos y sudaneses a Ruanda y Uganda, y permitir su acceso a un procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada que sea justo y efectivo. Por su parte, los gobiernos de Ruanda y Uganda han de poner fin inmediatamente a toda cooperación con el gobierno israelí sobre este asunto”.
Por último manifiesta que “las autoridades israelíes tienen que saber que el mundo está observando con indignación su desprecio manifiesto por la vida humana, la dignidad y la responsabilidad hacia la comunidad mundial en su conjunto”.

 

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