Frente a los graves hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en el 168 Período de Sesiones en República Dominicana, anuncia su decisión de instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el objeto de dar especial atención a la situación de derechos humanos en Nicaragua.
La Comisión señala que continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones.
Así, la CIDH solicitó al Estado anuencia para realizar una visita para observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. El Estado respondió a través de una misiva del 1 de mayo de 2018, en la cual solicitó a la CIDH aguardar el avance de los procesos internos. En este sentido, el Estado informó que el Presidente ha realizado una convocatoria a un Diálogo Nacional abierto a todos los sectores sociales, y que la Asamblea Nacional ha dispuesto la creación de una “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”.
De acuerdo al organismo, ha recibido información acerca de la solicitud de los estudiantes de que la Comisión de la Verdad sea establecida en forma independiente y autónoma, y no en el marco del Poder Legislativo.
En este contexto, la CIDH expresa su preocupación por la falta de credibilidad que la ciudadanía nicaragüense tiene en la Comisión de la Verdad y en la conducción de las investigaciones.
En cuanto a la investigación y sanción de los responsables, el Estado nicaragüense informó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha conformado un Comité de Víctimas para recibir las denuncias, investigar, determinar responsabilidades y establecer los castigos y las reparaciones que establece la ley. Asimismo, indicó que el Ministerio Público ha iniciado investigación sobre los hechos relacionados a la muerte de estudiantes, policías y civiles, así como otros delitos.
“La CIDH dará seguimiento estrecho a todas estas iniciativas a través de la SACROI, y urge a que sean desarrolladas de acuerdo con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, dijo la Relatora de la CIDH para Nicaragua, Comisionada Antonia Urrejola.
“Al respecto, la CIDH reitera al Estado de Nicaragua su llamado a realizar una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre los hechos de violencia sucedidos y la conducta policial durante las manifestaciones, sea por acción u omisión, y establecer las sanciones correspondientes”, añadió.
A la luz del reclamo que la sociedad civil y los estudiantes han manifestado ante las propuestas del Estado, y en cumplimiento de su mandato, la CIDH reitera de manera categórica y urgente su  solicitud de anuencia para la conducción de una visita de trabajo con el fin de verificar los hechos acontecidos, así como las medidas adoptadas para la protección y garantía de los derechos humanos en el país.
De acuerdo a la Comisión, información de público conocimiento indica que al menos 43 personas fueron asesinadas, cientos resultaron heridas, y varias fueron detenidas en un contexto de ataques de supuestos grupos simpatizantes del Gobierno y del uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza policial en el marco de protestas y manifestaciones. Las protestas continúan tras el retiro de la propuesta por parte del Gobierno. La CIDH recibió información que  indica que algunos de los familiares de las personas fallecidas durante las protestas fueron obligados a no presentar denuncias para que les entreguen los cuerpos.  En relación con los heridos, en un primer momento no se habría brindado la atención médica de emergencia requerida por instrucciones del propio Gobierno.  La CIDH llama a Nicaragua a garantizar a todas las personas heridas la atención médica requerida de manera oportuna.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, señaló que "la CIDH recibió información que indica que en este contexto las personas defensoras de derechos humanos están siendo objeto de agresiones, amenazas y hostigamientos. La CIDH recuerda que la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción y fortalecimiento de una sociedad democrática sólida y duradera".

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