Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Nº 18.216, en relación con el artículo 362 del Código Penal.
El precepto impugnado establece: “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal; en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y 14 D de la ley Nº17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º de la citada ley Nº17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código”.
La gestión pendiente incide en autos penales, sustanciados ante el Tribunal de Garantía de Tomé, en los que el requirente fue formalizado por el delito de violación impropia.
El requirente estima que el precepto impugnado vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que impone al condenado un régimen distinto al general para el acceso a penas alternativas, estableciendo una diferenciación arbitraria que atenta contra el principio de proporcionalidad.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.
Vea textos íntegros del requerimiento y el expediente Rol N° 4695-18.
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